El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la senda de gasto que da cobertura legal a las bonificaciones en la autopista gallega AP-9. La reducción de los peajes en esta vía, del 20% para los vehículos pesados, contempla una vigencia hasta el año 2048, cuando termina la concesión de Audasa.
El acuerdo por el que se permite aumentar los techos de gasto para los próximos años y el número de ejercicios en los que se pueden asumir permite la puesta en marcha de las rebajas negociadas por el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se plasmará en un próximo real decreto.
La ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, limita a cuatro el número de ejercicios a los que pueden aplicarse los compromisos de gasto plurianuales. Además, reduce la capacidad de gasto imputable en ejercicios posteriores.
Esto quiere decir que, según explica el Mitma en un comunicado, en el ejercicio inmediato siguiente solo se podrá disponer el 70% del crédito inicial; en el segundo, del 60% y en el tercero y cuarto, del 50%. Con el acuerdo de Consejo de Ministros, el primero con Raquel Sánchez al frente del ministerio, estos límites se levantan y el Gobierno puede disponer de la capacidad presupuestaria suficiente para cubrir el coste de las rebajas.
Bonificaciones sin precedentes
El esquema de bonificaciones que contempla el real decreto “no solo no tiene precedentes en nuestro país, sino que es el mayor de la historia en una autopista en Galicia y en España”. Este supondrá un coste de más de 2.300 millones de euros repartidos a lo largo de la vida de la concesión.
Además del descuento del 20% del importe del peaje en todos los recorridos, se contempla la gratuidad en el acceso desde Redondela, con una bonificación del 100% de los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo (origen/destino Rande-Vigo), incluido el acceso al puerto de Vigo. Las bonificaciones, que entran en vigor este mes de julio, se aplicarán todos los días de la semana (laborales y festivos) y para cualquier sistema de pago.
El transporte gallego ha venido reclamando en las últimas semanas que la bonificación se amplíe al menos hasta el 55%, dado el histórico déficit del Estado con Galicia en materia de infraestructuras. Para la patronal Fegatramer, el trato dispensado a los transportistas es discriminatorio, “ya que el transporte público de mercancías no debe tener la misma consideración que los desplazamientos realizados con vehículos de uso particular”.
