La patronal y los principales sindicatos de la estiba han firmado este viernes, tal y como estaba previsto, el V Acuerdo Sectorial Estatal de la Estiba, casi cinco años después de aprobarse en el Congreso de los Diputados el real decreto ley de reforma del sector. La asamblea general de Anesco ha aprobado el texto este viernes, tras lo cual la comisión negociadora ha firmado el documento por vía telemática, junto a Coordinadora, Comisiones Obreras y UGT.
En un comunicado emitido este mediodía, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo ha mostrado su “satisfacción” porque el nuevo acuerdo marco de la estiba “adapta las disposiciones convencionales al marco jurídico español y comunitario, así como a las novedades introducidas por la recientemente aprobada reforma normativa de los Centros Portuarios de Empleo y a la reforma laboral”.
Para el líder del principal sindicato de la estiba, Antolín Goya, “estamos en un momento histórico, ahora tenemos importantes retos por delante, el trabajo ha dado sus frutos, se ha hecho de manera seria y segura”. Goya ha agradecido el trabajo y esfuerzo de toda la comisión negociadora y al equipo técnico que ha trabajado de manera paralela.
Por su parte, la patronal portuaria reconoce que la negociación ha sido de “extrema complejidad”, puesto que ha tenido que “conjugar” el nuevo marco legal del sector con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que tumbó el anterior en 2014. Durante todo este proceso, señala, “Anesco ha trabajado para asegurar la legalidad y compatibilización de los contenidos del convenio colectivo con el marco legal”.
Las empresas estibadoras inciden en el “esfuerzo” realizado por las partes, “pues la búsqueda de soluciones y acuerdos siempre comporta cesiones y renuncias”. Al mismo tiempo, recuerda la importancia de “dotar de seguridad jurídica” a esta actividad económica, “aportando estabilidad a las relaciones laborales, lo que contribuirá a incrementar la competitividad de los puertos españoles”.
Un conflicto que se remonta a 2014
El 11 de diciembre de 2014, el Tribunal de la UE condenó a España por contravenir el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE al imponer a las empresas estibadoras distintas obligaciones, como participar en el capital de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP) y contratar con carácter prioritario a los trabajadores puestos a disposición por esta sociedad.
La sentencia condenaba a España al pago de una multa de 27.522 euros por el número de días de persistencia de la infracción. Además, contemplaba una segunda sanción de 134.107 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia.
Finalmente, la reforma de la estiba fue convalidada por el Congreso en el segundo intento del Gobierno el 18 de mayo de 2017, lo que hizo que el tribunal europeo redujera la multa por el retraso en el cumplimiento de la sentencia de los 24 millones de euros iniciales a tres millones.
Disensiones entre las empresas
La reforma pactada con los sindicatos no convence a todas las empresas estibadoras. Una parte de ellas, agrupada en torno a la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias, liderada por el ex presidente del puerto de Barcelona Joaquim Coello, ya rechazó el real decreto ley de la estiba de 2017 por entender que contraviene el principio de libre competencia.
De hecho, Asoport ya llevó ante la justicia el anterior acuerdo marco de la estiba, que fue tumbado por la Audiencia Nacional en lo que hacía referencia al nuevo marco de relaciones laborales en el sector, en el mes de junio del año pasado.
