La inspección del ministerio de Transportes y la de Trabajo de la Seguridad Social han firmado un protocolo de lucha contra el fraude en el transporte por carretera, en especial, contra la economía sumergida y la competencia desleal. El protocolo da prioridad al control de las empresas que no dan de alta a sus conductores en la Seguridad Social o lo hacen en otros países de la UE donde no tienen actividad real.
También se perseguirán las empresas que contratan a conductores a tiempo parcial cuando realizan jornada completa o bien utilizan falsos autónomos.
Ambas inspecciones cruzarán sus bases de datos, respetando la ley de protección de datos, para una “mejor localización de posibles bolsas de fraude”. También se impartirán cursos de formación entre el personal adscrito, a fin de que conozcan la documentación que deben examinar y desarrollen mejoras prácticas.
El ministerio de Transportes se refiere a las empresas buzón como aquellas que han desarrollado “regímenes de empleos complejos”, sin actividad real en el país donde tiene su sede y contratan a los trabajadores, que prestan servicio en otros países de la UE. “Estas empresas usan fraudulentamente la figura de los desplazamientos transnacionales u otras figuras de movilidad intracomunitaria para eludir las normas que rigen el sector”, señala Mitma en un comunicado.
El objetivo principal es “potenciar” los mecanismos de control y “reforzar” los instrumentos de disuasión y de reacción frente a “conductas que generan competencia desleal, desprotección social y evasión de cotizaciones sociales”.
Se trata de “un paso más”, subraya el ministerio, para mejorar las condiciones de transparencia y de competencia en el transporte por carretera y en la defensa de los derechos de los trabajadores. La coordinación y cooperación entre ambas inspecciones es “imprescindible” para abordar un fenómeno “tan complejo” como el fraude en este sector.
