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viernes, noviembre 22, 2024

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IRU propone liberar al transporte ligero de las restricciones ambientales urbanas

La International Road Union pide que los vehículos comerciales estén exentos de las restricciones de acceso a las áreas urbanas en sus políticas contra el cambio climático. Más de 2.000 ciudades en todo el mundo, con más de mil millones de residentes, ya han implementado o están considerando implantar este tipo de medidas, como en España hacen Madrid o Barcelona, entre otras.

La organización, que representa a más de 3,5 millones de operadores de transporte por carretera de pasajeros y mercancías en todo el mundo, pone el foco sobre los efectos negativos que este tipo de acciones suponen para la actividad.

“La habitabilidad y sostenibilidad de todas las ciudades depende de que los bienes y las personas puedan moverse dentro, alrededor y fuera de las áreas urbanas”, afirma Umberto de Pretto, su secretario general. “Las restricciones están atrapando a los vehículos comerciales en sus redes, cuando su objetivo real suele ser el uso del coche particular. Las ciudades deben eximir a los comerciales de estas reglas”, añade.

Periodo de adaptación de 10 años

Limitar el transporte de mercancías en las ciudades tiene un impacto en las empresas y los residentes locales. Restringir el transporte de pasajeros penaliza el turismo y limita los esfuerzos para reducir el uso del vehículo privado. Y restringir los vehículos comerciales comporta “beneficios limitados” en términos de emisiones, contaminación, ruido o congestión, , señala IRU.

“Más del 90% de los vehículos en áreas urbanas son vehículos privados, por lo que las restricciones deben distinguir claramente entre ellos y los vehículos comerciales para brindar la mejor solución coste-beneficio”, subraya Pretto.

Los transportistas exigen un periodo de diez años para cualquier nueva restricción de acceso de vehículos urbanos de manera que dé tiempo a las redes de movilidad locales y a las cadenas de suministro a adaptarse.

También critican que los operadores se enfrenten a un mosaico de diferentes regulaciones, incluso en el mismo país. Las empresas no pueden invertir en diversas tecnologías para cumplir con los diferentes requisitos, lo que afecta a los costes de los servicios de transporte. Por ello, pide normas armonizadas a nivel mundial o como mínimo a nivel regional.

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