Las Juntas Generales de Gipuzkoa han presentado un incidente de nulidad para tratar de revocar la sentencia del Tribunal Supremo que anula los peajes exclusivos a camiones en la N-1 y la A-15. La provincia alega que el alto tribunal debería haber consultado previamente al Tribunal de Justica de la UE antes de dictar resolución.
Para los transportistas, se trata de una “obcecación de la Diputación de Gipuzkoa, con la complicidad de las Juntas Generales”, que podría obligar a devolverles los más de 40 millones de euros recaudados hasta el momento.
Organizaciones como Fenadismer recuerdan que el TSJ del País Vasco ya lo ha tumbado dos veces por su carácter discriminatorio. El Supremo ha confirmado el primero de los fallos judiciales contra la norma foral en vigor entre enero de 2018 y mayo de 2019, y en próximos meses resolverá sobre el segundo. Si la sentencia vuelve a ser contraria a los peajes, la administración provincial tendrá que devolver lo recaudado hasta la fecha, más lo que siga cobrando en adelante, tanto a los transportistas españoles como a los del resto de la UE que cruzan el territorio guipuzcoano.
Tras la primera sentencia del Supremo, la norma fue modificada, recibiendo una nueva sentencia contraria del TSJ del País Vasco con los mismos argumentos que la anterior.
En su recurso, Gipuzkoa insiste de nuevo en que los peajes fueron avalados por la Comisión Europea, y que por ello los magistrados del Supremo deberían haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE, ya que la jurisprudencia europea invocada no sería de aplicación en este caso.
Para los transportistas, “cualquier artimaña judicial a la desesperada que pretenda llevarse a cabo para entorpecer” la acción de los tribunales, “no va a conseguir borrar su carácter discriminatorio, por mucho que algunos pretendan ignorarlo”.
