La crisis económica derivada de la pandemia está impactando de lleno en el transporte marítimo. Los últimos meses han dejado un escenario de fuerte aumento del precio de los contenedores y los fletes, retrasos acumulados y la sombra de una posible falta de suministros en Europa. Una situación cuyo origen los cargadores atribuyen a las navieras. Según un estudio de la consultora especializada Drewry, los costos operativos diarios de los tipos de barcos cubiertos en el informe aumentaron un 4,5% en 2020, unos datos que no justifican el desorbitado aumento de los precios de contenedores en el comercio internacional.
Y es que los incrementos van de 1.500 a 5.000 euros por contenedor, aunque en algunos casos el precio se ha disparado hasta los 12.000 euros. Una situación que pone en riesgo la llegada de suministros a Europa, incluso los de aquellos que son imprescindibles para combatir el covid en la primera línea sanitaria, como los EPIs.
Los cargadores culpan de esta situación a las navieras, y a la falta de control que la Comisión Europea ejerce sobre ellas. “La tensión actual en el transporte marítimo obedece a las herramientas que lo regulan, la normativa suministrada por la Comisión Europea, que permite este comportamiento de las navieras: todo para el cliente sin el cliente”, explica Jordi Espín, secretario general de la Asociación Española de Empresas Cargadoras (Transprime).
Rutas menos confiables
Así, cada vez más cargadores reducen o cancelan producciones. “No les compensa mantener su actividad si el coste del transporte elimina todo su margen de beneficio o, directamente, les lleva a producir a pérdida”, asegura Enric Ticó, presidente de la federación de transitarios Feteia-Oltra. Además, el cumplimiento de las escalas anunciadas y publicitadas por las navieras se encuentra en mínimos históricos. Este fenómeno, el blank sailing, “hace que las rutas marítimas sean cada vez menos confiables”, añade Ticó.
En opinión de Espín, la legislación europea “premia la concentración de las navieras en una normativa opaca y abstracta que regula el mercado”. Esta regulación permitiría, en palabras de Espín, cobrar unos “precios desorbitados sin que ello conlleve un mejor servicio”, así como la “vulgarización” del servicio.
Ante esta problemática, cargadores y transitarios reclaman la intervención de las instituciones europeas. Feteia-Oltra considera que esta intervención debería comenzar a producirse inmediatamente, para vigilar los “los incumplimientos sistemáticos” por parte de las navieras. Para Transprime la única solución pasa por reformar la regulación vigente, algo que no ocurrirá hasta 2024. Mientras tanto, proponen una mesa de diálogo conjunta con la Comisión Europea, “para definir unas reglas de comportamiento mínimamente éticas”.
