El Congreso de los Diputados ha aprobado y enviado al Senado este martes la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que incluye por vez primera sanciones a la morosidad en el transporte de mercancías por carretera.
Finalmente, según la enmienda pactada entre PSOE, PP y PDeCAT, se distingue a partir de una deuda de 3.000 euros una infracción grave o muy grave, con tres tramos de cuantías en función de la cantidad, con multas de 401 hasta 6.000 euros.
La propuesta inicial del Gobierno en febrero únicamente contemplaba sanciones de entre 1.000 y 6.000 euros, tipificando toda infracción del límite máximo de pago.
La introducción de criterios de progresividad hace que el nuevo régimen sancionador en el transporte de mercancías contemple multas de entre 401 a 600 euros cuando el precio del transporte sea inferior a 1.000 euros; de 601 a 800 euros cuando la deuda no alcance los 1.500 euros; y de entre 801 y 1.000 euros para aquellas deudas de entre 1.501 y 3.000 euros. Todas ellas se consideran infracciones graves.
A partir de esa cantidad serán consideradas infracciones muy graves, con castigos de 1.001 a 2.000 euros cuando la deuda se sitúe entre los 3.001 y 4.000 euros; multas de 2.001 a 4.000 euros para deudas de hasta 6.000 euros; y a partir de ahí multas de 4.001 a 6.000 euros.
A última hora, la Comisión ha aprobado una enmienda del PSOE, UP y Ciudadanos para elevar las multas hasta 30.000 euros en caso de reincidencia, si se arrastra un retraso de seis meses o si la deuda “afecta significativamente a la capacidad y solvencia” del acreedor.
Más restricciones a Cabify y Uber
Junto al régimen sancionador en el transporte, la norma aprobada en el Congreso incluye cambios para completar las infracciones previstas a los servicios de los VTC, como Uber o Cabify, que salen hacia el Senado con mayores restricciones.
Así, la ponencia incorpora las enmiendas de PSOE y UP, definiendo como infracción muy grave la búsqueda de clientes que no hayan precontratado el servicio y endureciendo la posible revocación de licencia, en línea con las reivindicaciones del taxi.
Además de la morosidad en el transporte de mercancías y las VTC, la reforma añade cambios impulsados desde el ministerio de Transportes en materia ferroviaria, aérea y portuaria.
En la ley del Sector Ferroviario, el PSOE ha logrado una modificación para evitar que entre las causas para revocar una licencia concedida a una empresa esté la imposición de dos sanciones por infracciones muy graves en el plazo de un año, una modificación sustancial de cara a la liberalización del sector y la entrada de competidores privados.
En el caso de la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los cambios impulsados por el departamento que dirige José Luis Ábalos van en la línea de clarificar la competencia para imponer sanciones por infracciones graves por contaminación desde buques o plataformas en espacios marítimos, que recae en el director general de la Marina Mercante.
