Los transportistas califican de “fuegos artificiales” el recurso ante el Constitucional de la sentencia del Supremo que anula los peajes a camiones de la N-1, acordado por las Juntas Generales de Gipuzkoa. Según Fenadismer, el acuerdo de la asamblea guipuzcoana “no tendría resultado práctico alguno, en el remoto caso de que prosperara”.
La organización denuncia que, en lugar de tratar de evitar reconocer su error ante la opinión pública, la Diputación foral aún no ha suspendido la aplicación del cobro, extremo al que se había compromete hace más de un mes. Las sanciones por no abonar el importe del peaje en la N-1 y la A-15 pueden llegar hasta los 1.999 euros.
El cobro de peajes a camiones que puso en marcha Gipuzkoa en 2018 se ha convertido en una “historia interminable”. El Tribunal Supremo dictó en mayo el auto que inadmite el recurso de casación interpuesto en su día por el gobierno foral, y que validó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaraba nula la norma que regulaba los peajes.
“El objetivo de las Juntas Generales es desviar la atención para evitar reconocer públicamente su error y confundir una vez más a la opinión pública guipuzcoana”, señalan los transportistas.
En todo caso, las organizaciones del sector mantienen la exigencia de poner fin el cobro de peajes, cumpliendo el mandato judicial, y al que se comprometió la Diputación sin que hasta ahora lo haya hecho. Esta actitud ha motivado la interposición de una querella criminal, admitida a trámite por el tribunal.
