Fenadismer vuelve a apremiar al Gobierno a regular la carga y descarga en España y prohibir la participación de los transportistas en estas operaciones. El sector apela a la necesidad de reducir la siniestralidad laboral del sector “y hacer más atractiva la profesión” ante la escasez de conductores profesionales.
La organización pone como ejemplo a Portugal, donde desde hace un mes está prohibido que los conductores profesionales participen en la carga y descarga de mercancías, excepto en casos excepcionales.
Lisboa acordó esta medida tras constatar la falta de implicación de las empresas cargadoras y operadores logísticos en la mejora de la carga y descarga y en la reducción de los tiempos de espera. Una actitud que el gobierno del país vecino considera “perjudicial para la economía nacional y la productividad empresarial”, como señala expresamente la exposición de motivos de la norma aprobada.
En consecuencia, estas labores se llevan a cabo por el expedidor o el destinatario de la mercancía, “debiendo recurrir a un trabajador, distinto del conductor, cualificado y formado para tal fin”, salvo en determinados supuestos, como el transporte de mercancías peligrosas, portavehículos, mudanzas o distribución urbana.
Además, la normativa portuguesa obliga a expedidores y destinatarios a que en los centros de carga y descarga se provean lugares para la espera de los transportistas, con “instalaciones sanitarias y condiciones de higiene y salud adecuadas”, y limitando la espera a un máximo de dos horas. Incumplirlo se considera infracción muy grave e implica multas de hasta 15.000 euros.
En España, el ministerio de Transportes lo condiciona a los acuerdos que lleven a cabo los transportistas con sus clientes, limitándose a hacer una simple recomendación a las empresas cargadoras para que los conductores queden al margen de estas actividades, “lo que se ha demostrado totalmente inefectivo”, según Fenadismer.
Por ello, la organización, y el resto de asociaciones que integran el Comité Nacional del Transporte por Carretera, va a seguir exigiendo al departamento de Raquel Sánchez que atienda esta “legítima y más que nunca necesaria reivindicación”. Además de no suponer ningún coste para las arcas públicas, “contribuiría a reducir la alta siniestralidad laboral que soporta el sector y hacer más atractiva la profesión, combatiendo la actual escasez de conductores profesionales que sufre el transporte por carretera en España y en el resto de Europa”, argumenta.
