El endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera, tal como figura en el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, supondría el desplazamiento de la actividad a otros países de la UE y la concentración del sector, con la pérdida de hasta 10.200 empleos en España en 2025. Estas son las conclusiones de un informe de EY Consulting, en el que se estima que la iniciativa legislativa pone en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impacta sobre la capacidad del sector exterior de “actuar como palanca de la recuperación económica en un momento crítico como el actual”.
El proyecto de ley en cuestión, al tiempo que contempla medidas de lucha contra el fraude, como la actualización de la lista de paraísos fiscales, el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, la limitación de los pagos en efectivo, o prohibir por ley las amnistías tributarias, aprovecha para modificar el IVA en su afectación a la normativa aduanera y dificultar los requerimientos para el desarrollo de la actividad.
En relación con el régimen de responsabilidad en las operaciones aduaneras, el texto prevé que los agentes y representantes aduaneros deban responder como responsables subsidiarios sobre el IVA a la importación por un periodo de cuatro años desde el despacho de las mercancías. Aunque el proyecto elimina o clarifica alguna de las medidas que contenía el anterior, sometido a información pública en 2018, no se han corregido otras que resultan muy gravosas para los agentes de aduanas.
Para el presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, Antonio Llobet, “el papel del sector exterior es fundamental para la recuperación de la economía y consideramos que estas medidas perjudican seriamente el atractivo comercial y la competitividad de España en el marco europeo”. Asimismo, la imposibilidad de ofrecer las garantías económicas exigidas pondría en riesgo la continuidad de la labor de los profesionales dedicados a la gestión aduanera, “lo que conllevaría el cierre de múltiples empresas locales o la deslocalización a otros países de la UE con normas más favorables”.
Llobet exige una ley aduanera específica que trate en profundidad el impacto de estos cambios en la “competitividad y atractivo comercial de España, porque una gestión aduanera fluida y competitiva es beneficiosa para nuestras empresas”.
