A lo largo de 2020 se han inspeccionado un total de 14 empresas buzón, una menos que en 2019, aunque se han impuesto 781 sanciones, la mayoría por incumplir la normativa sobre tiempos de conducción y descanso, un 2.000% más que en 2019. Para la patronal del transporte Fitrans, este “dato contradictorio” se explica por los controles realizados in situ en empresas, aeropuertos y centros de transporte, pero subraya el hecho de que no han abarcado un mayor número de empresas. En relación al control de cooperativas, se han impuesto un 67% menos de sanciones, algo que también les resulta “llamativo”.
La actividad inspectora en el transporte por carretera llevada a cabo en 2020 arroja un balance de un 20% menos de infracciones detectadas, prácticamente el mismo descenso que los expedientes incoados. Según el ministerio de Transportes, esta cifra se debe al impacto de la pandemia en el sector, algo que los transportistas cuestionan.
“Todos sabemos que 2020 ha sido el año del coronavirus, pero esto no nos parece argumento suficiente para justificar que no se haya producido el prometido aumento de medios humanos, con planes específicos de formación sobre la diversa casuística de transporte, de manera que puedan detectar las actuaciones anticompetitivas basadas en complejas estructuras empresariales creadas para eludir las normas”, lamentan desde Fitrans.
Las organización reclama más inspectores con formación ad hoc, así como “más agentes formados y con los medios tecnológicos adecuados para interceptar a los irregulares, esto es lo que el sector lleva años demandando y que un año más seguimos esperando”.
Trambién recuerdan que, en los primeros meses de 2020, cuando se aprobó el Plan de Inspección de Transporte por Carretera 2020, el ministerio anunció una actuación inspectora “inflexible” sobre las empresas deslocalizadas hacia países con menores costes de explotación, y sobre las falsas cooperativas de transporte. “Pues bien, tenemos que decir que las expectativas no se han cumplido”, afirman.
Solo en Gipuzkoa, la federación calcula que el número de camiones extranjeros alcanza el 60% del total, más de dos millones al año, “por lo que para nuestro sector resulta fundamental que se persiga a aquellos que esquivando las normas establecidas ejercen una competencia desleal lejos de sus fronteras”.
