Las asociaciones de transportistas reclaman al Gobierno celeridad en la trasposición de la nueva directiva europea que regula el desplazamiento de trabajadores en el transporte por carretera. Con esta norma se podrá exigir a los conductores de transporte internacional que comuniquen previamente su desplazamiento al país de acogida, que deberán percibir el salario mínimo del país en el que operen.
De esta manera, afirman desde Fenadismer, “se evitarán las situaciones de dumping social que se producen en la actualidad, con salarios hasta ocho veces inferiores a los percibidos en España”.
El consejo de ministros aprobó el pasado martes el decreto ley que actualiza la legislación sobre desplazamiento de trabajadores en la UE, que no incluye a las empresas de transporte de mercancías por carretera. El sector dispone de una regulación específica, recogida en el Paquete de Movilidad aprobado el año pasado por el Parlamento Europeo.
La nueva normativa de la carretera deberá ser traspuesta al ordenamiento jurídico de los estados miembros, también el español, como muy tarde en febrero de 2022.
En el último año, las flotas de países del Este, especialmente rumanas, lituanas y búlgaras, han transportado el 28% de las mercancías por carretera llegadas a España, y el 27% de las exportaciones. En cabotaje, las flotas domiciliadas en Rumanía han crecido un 31% en el último año, lo que las ha llevado a ocupar la primera posición del ranking de empresas extranjeras que operan en España, por delante de Portugal, copando el 32% de todo el transporte de cabotaje.
A Rumanía y Portugal les siguen las flotas de Polonia y Bulgaria, en la tercera y cuarta posición del ranking, seguidas de las lituanas, cuya presencia se ha incrementado un 46% en el último año.
