Golpe definitivo a los peajes de Gipuzkoa. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Diputación Foral de Gipuzkoa para mantener los peajes a camiones en la A-1 y la A-15. La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo entiende que son discriminatorios y que la norma foral contraviene el artículo 7.3 de la directiva europea 1999/62/CE. En consecuencia, la declara nula.
En concreto, la resolución, que ya ha sido comunicada a las partes, manifiesta que los peajes “gravan en mayor medida los tramos de salida y de entrada al citado territorio, así como a los vehículos pesados de más de 12 toneladas e incurre en una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte, prohibida por el artículo 7.3 de la Directiva 1999/62/CE”. Esta norma regula la aplicación de gravámenes a los vehículos de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.
Recuperar lo cobrado indebidamente
Según la federación de transportistas Fenadismer, la sentencia abre la puerta a que los transportistas puedan recuperar todo el importe “indebidamente recaudado” durante este tiempo. Los peajes se implantaron en enero de 2018. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco los declaró ilegal en abril, aunque las autoridades provinciales continuaron exigiendo el pago a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías.
La organización recuerda que, por su posición geográfica, en Gipuzkoa se suministran cada año casi 800 millones de litros de gasóleo A, principalmente de vehículos de transporte, casi un 400% más que otras provincias con una flota similar. Por el impuesto sobre los carburantes se recaudan en Gipuzkoa cada año en torno a 400 millones de euros, diez veces más que el presupuesto destinado por la administración foral al mantenimiento de sus carreteras.
Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías CETM también ha valorado positivamente el contenido de la sentencia, y ya trabaja para asesorar a sus empresas asociadas en las reclamaciones.