Cinco meses después de anunciarlo, el Gobierno ha aprobado la iniciativa legislativa que establece sanciones contra la morosidad en el transporte por carretera. En concreto, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), elaborado por el ministerio de Transportes, fija un nuevo tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal de pago de 60 días en los contratos de transporte de mercancías por carretera, en línea con los existentes en otros sectores económicos.
El proyecto prevé la publicidad de las resoluciones sancionadoras impuestas por estos incumplimientos con fines disuasorios, “puesto que la reputación empresarial también debe jugar un papel importante para combatir las prácticas de competencia desleal”. Este documento es fruto del compromiso adquirido en su día con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, órgano de representación e interlocución con el ministerio para abordar los retos que afronta el sector.
El texto, que ahora inicia su tramitación en el Congreso, coincidirá aquí con otro, más avanzado, que fija un régimen sancionador general para todos los sectores económicos. Algo que, según Fenadismer, podría afectar al texto sectorial del transporte.
Este régimen sancionador viene a castigar los incumplimientos de los plazos de pago, especialmente por parte de las grandes empresas. “Imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basando su rentabilidad no en su negocio, sino en la actividad financiera que generan a costa de autónomos y pymes”, afirma la organización.
Tras la última reforma de la ley contra la morosidad, que data de 2014, se estableció un plazo de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, prohibiendo que el plazo máximo superara los 60 días. Sin embargo, la falta de sanciones ha supuesto en la práctica un incumplimiento generalizado de la ley.
Así, en el sector del transporte por carretera, conforme al Observatorio de la Morosidad que cada mes elabora la federación, se evidencia que en torno al 65% de los clientes de los transportistas incumplen de forma reiterada la ley de morosidad, situándose el plazo medio de pago en 2020 en más de 80 días de media, especialmente tras la crisis sanitaria.
