La Autoridad Portuaria de Barcelona ha aprobado su nueva política de compliance (programa de cumplimiento legal) que establece los mecanismos de prevención y control sobre los procesos internos de toma de decisiones. El objetivo es garantizar que esta administración sigue un “estricto cumplimiento de las normas y de la legalidad con el objetivo de fomentar una cultura ética de cumplimiento normativo”.
La institución que preside Mercè Conesa recuerda que el Código Penal excluye al Estado y a las administraciones públicas, como es el caso del gestor portuario, de la responsabilidad penal de la persona jurídica. “Sin embargo, el puerto de Barcelona quiere continuar siendo ejemplo de transparencia en su gobierno y, con la adopción de la política de cumplimiento, refuerza su compromiso ético con su personal, los clientes, los proveedores y la sociedad en general”, señalan desde la autoridad portuaria.
Manual de prevención de riesgos penales
Además, el consejo de administración también ha aprobado el Manual de Prevención de Riesgos Penales. Este tiene como objetivo identificar los posibles riesgos penales que pueden producirse en la organización y tratar de mitigarlos mediante los procedimientos y controles establecidos en la APB.
La política de compliance incorpora dos documentos anexos. El primero es la política anticorrupción, que establece el compromiso de la autoridad portuaria “con una gestión responsable, ajustada a la legalidad y a los principios de honestidad y pautas de conducta”. El segundo es el reglamento de funcionamiento del órgano de control para la prevención de riesgos, que regula como se desarrollará la función de control y seguimiento de la política de compliance. Este dependerá del consejo de administración, a quien reportará una vez al año o por circunstancias excepcionales.
De esta manera, la autoridad portuaria da continuidad al Código Ético aprobado en 2015, “fruto de su compromiso con los valores y pautas de conducta éticas que guían su gobierno y acción”.
