Los peajes se han convertido en el enésimo punto de fricción entre transportistas y sus clientes, cuyas relaciones pasan por el peor momento posiblemente de su historia. La intención del Gobierno de implantar el pago por uso en las autovías españolas en 2024 y que el coste recaiga fundamentalmente sobre los cargadores ha provocado un cruce de acusaciones y reproches entre estos y sus proveedores de transporte.
A las tensiones derivadas del conflicto por la carga y descarga o la ampliación a las 44 toneladas se suma uno nuevo que, a priori, era de los pocos que hasta la fecha generaban consenso: el rechazo unánime y sin fisuras a la euroviñeta.
“Quienes habitualmente muestran una obsesión casi compulsiva por reducir los costes del transporte, no han mostrado la más mínima preocupación e indignación por una situación absolutamente injusta para toda la cadena de suministro, y que puede incrementar los costes de transporte en casi un 20%, ¿a qué se debe este silencio?”, se pregunta la Confederación Española de Transporte de Mercancías CETM, que se siente abandonada por sus clientes.
Para la patronal del transporte, “los cargadores se están guardando las fuerzas negociadoras” para continuar reclamando la puesta en marcha de las 44 toneladas “o para impedir que se prohíba que los conductores sigan cargando y descargando sus mercancías”. Según su secretario general adjunto, Dulsé Díaz, “solo esto explicaría que estas organizaciones, tan beligerantes cuando les interesa, no se hayan preocupado ni una sola vez por si la amenaza de los peajes se hace realidad”.
Desde Aecoc, rechazan la propuesta del Gobierno y llaman al consenso. “En un momento de clara necesidad de recuperación de la economía, debe evitarse cualquier medida que lastre la competitividad de las empresas, por lo que el transporte de mercancías debería quedar eximido de un posible tributo por el uso de las autovías”, afirma Álex Sánchez, su director de logística.
Un nuevo impuesto a las mercancías
La patronal de la gran distribución considera que el pago por uso de las carreteras será un “nuevo impuesto” a las mercancías para sectores como el del gran consumo, ya que no hay alternativa a la carretera. “El mayor coste del transporte se trasladará a cargadores, y supondrá una pérdida de competitividad de entre 1.400 y 1.900 millones de euros cada año en los productos de consumo”, subraya Sánchez.
La mitad de los kilómetros de la red viaria española corresponde a vías de alta capacidad por las que circula el 70% del tráfico vh-kms de transporte de mercancías. Esto supone un aumento de costes del transporte de entre un 13% y un 9% en función de la tasa que se aplique a los vehículos pesados, entre 19 céntimos por kilómetro que es la tasa actual media de las autopistas de peaje o de 14 céntimos por kilómetro, que proponen algunas fuentes.
La más perjudicada sería la exportación, ya que el aumento del precio del transporte hará que se encarezcan sus productos frente a otros competidores. Por ejemplo, los exportadores murcianos tendrán un coste adicional de entre 100 y 140 euros por viaje de ida, y otros tantos de vuelta.
“Los cargadores pagamos un precio por el transporte de mercancías que es el que determina el mercado en función de multitud de variables entre las que se encuentran los costes de las empresas de transporte, y entre ellos, el gasto en peajes. No podemos estar de acuerdo con una intervención del estado que altere esta libertad de fijar los precios del transporte”, asegura la secretaria general de la Asociación de Cargadores de España, Nuria Lacaci.
Por su parte, Transprime entiende que el pago por uso de las autovías no debe abordarse al margen de otras cuestiones que afectan a la eficiencia del transporte, como la ampliación de capacidad. Para su secretario general, Jordi Espin, no hay duda de que “los peajes afectarán sobre todo a los cargadores, especialmente si nace sin consenso y no se aborda el eterno y enquistado conflicto de pesos y dimensiones, las necesarias 44 toneladas y la mejora de la eficiencia y la competitividad”.
