El plan de impulso a la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, que acompañará a la futura ley de Movilidad Sostenible, y que el Gobierno quiere negociar con el sector, incluirá algunas de las medidas que mayor rechazo provocan entre los transportistas. Entre ellas, el pago por uso en las vías rápidas y la ampliación a las 44 toneladas, dos cuestiones que los transportistas siempre han pintado en rojo en sus negociaciones con el Gobierno. De hecho, el ministerio que dirige José Luis Ábalos se había comprometido en el mes de julio a no adoptar ninguna de estas medidas sin contar con el consenso previo del sector.
El nuevo director general de Transporte Terrestre, Jaime Moreno, ha trasladado este jueves al Comité Nacional del Transporte por Carretera las líneas maestras del plan, las medidas de apoyo y las reformas legales previstas. El ministerio de Transportes pretende negociarlo con el sector, un proceso que no se prevé fácil.
De hecho, esta misma semana la principal patronal del transporte por carretera, CETM, ha mostrado su rechazo frontal a ambas medidas, por considerar que el sector ya aporta en impuestos más de 11.000 millones para mantener las infraestructuras.
El plan se fundamenta en tres áreas de actuación en los ámbitos sociolaboral, económico y ambiental. En el primero, se aborda la regulación de la carga y descarga, los supuestos de exclusión y de responsabilidad en casos concretos, así como su regulación independiente en los contratos de transporte. La pandemia ha puesto esta cuestión al frente de las demandas del sector. Los transportistas piden que una reforma de la ley del Contrato de Transporte que impida que el conductor profesional participe en las operaciones de carga y descarga, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.
El documento presentado por Moreno plantea, en primer lugar, un peaje por uso en las autovías gratuitas y en las nuevas autopistas liberadas. Para evitar que el nuevo gravamen recaiga sobre las empresas de transporte, prevé un mecanismo para que sean sus clientes, los cargadores, quienes asuman el coste.
En materia de capacidad, el Gobierno quiere ampliar los pesos y dimensiones del transporte pesado de las 40 toneladas actuales a 44, y 4’5 metros de altura. Las 44 toneladas es otro de los temas en los que transportistas y cargadores llevan años discutiendo sin que hasta la fecha se hayan puesto de acuerdo. Además, se regularán los duotrailers, vehículos de 70 toneladas que algunos grandes operadores han puesto en circulación con autorizaciones provisionales de Tráfico, hace ya más de dos años.
Como contraprestación, la iniciativa del Gobierno contempla ayudas a la renovación de flotas, ligadas al achatarramiento de vehículos de mayor antigüedad, así como a la digitalización de las empresas de transporte. También mantiene las ayudas al abandono de la actividad de los transportistas de mayor edad y de la figura del gasóleo profesional.
Finalmente, se incluyen ayudas a la creación y mejora de aparcamientos seguros en la red viaria y el establecimiento de un distintivo de empresa responsable.
