La comisión de Transportes del Congreso ha instado al Gobierno a que elabore un estudio de la situación del sector del transporte ligero de mercancías y el impacto de la entrada de operadores como Cabify o Uber. La iniciativa parlamentaria es consecuencia directa de la presión que ejercen los transportistas, que consideran ilegal la actividad de estas plataformas.
El objetivo final es abordar en el plazo de un año la regulación legal de esta actividad. Desde Fenadismer, pedirán la prohibición de realizar transporte público de mercancías con vehículos de pasajeros. “Suponen un claro incumplimiento de la regulación en materia de transporte y de tráfico al no reunir los requisitos técnicos para realizar el transporte de mercancías”, apuntan desde la entidad.
El intrusismo en el transporte ligero de mercancías se ha acentuado “de forma alarmante” a partir de la pandemia, coincidiendo con la reducción de la movilidad, pese a la reducción de actividad que ha sufrido el sector, especialmente en distribución urbana.
Así, Cabify puso en marcha a mediados del año pasado un nuevo servicio de transporte de mercancías, aprovechando su flota de coches para viajeros.
Este se inició en la comunidad de Madrid y ha sido objeto de varios procedimientos infractores por los servicios de inspección del gobierno regional. Sin embargo, lamentan desde Fenadismer, “no ha amedrentado a la multinacional que lejos de cesar en la actividad, la ha expandido a otras comunidades”.
La entidad acusa a Cabify de ofrecer el servicio a los miles de clientes usuarios de su APP de transporte de viajeros, “mediante ofertas promocionales muy agresivas” para ganar cuota de mercado en el reparto local de mercancías.
