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viernes, agosto 12, 2022
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La UE acelera la concesión de permisos para proyectos de la Red Transeuropea de Transporte

Los gobiernos de la UE han acordado este lunes una normativa que busca acelerar la construcción de la red transeuropea de transportes simplificando los procedimientos de contratación pública y autorizaciones para proyectos.

La red transeuropea de transporte (RTE-T) está compuesta por una doble estructura: la red global, que persigue la conectividad de todas las regiones de la UE, a completar en 2050; y la red básica, que comprende aquellos elementos “de máxima prioridad estratégica para la UE”, a finalizar en 2030.

Sin embargo, la diversidad y la complejidad de los procedimientos de concesión de autorizaciones de los Estados miembros “pone en peligro” el cumplimiento de los plazos y “en muchos casos da lugar a retrasos considerables y a un aumento de los costes”.

En consecuencia, la nueva directiva se propone abordar estas cuestiones “y hacer posible que se complete de manera sincronizada la RTE-T dentro de plazo mediante una actuación armonizada”.

Así, se establece que cada uno de los Estados miembros nombrará una autoridad nacional que actúe como “punto de contacto” para cada promotor de proyecto, al que dará “orientaciones” sobre los documentos a presentar. Los países podrán designar la misma autoridad para todos los proyectos o una por categoría, forma de transporte o área geográfica.

Además, los Estados fijarán un procedimiento de concesión de autorizaciones que incluya sus propios plazos y no podrá exceder los cuatro años desde el inicio. Este plazo máximo podrá ser prorrogado en dos ocasiones aunque por causas “debidamente justificadas”.

La directiva podrá aplicarse a los proyectos que formen parte de las secciones predeterminadas de la red básica y a otros proyectos de corredores con un coste superior a 300 millones de euros.

Tras la luz verde de los veintisiete, la normativa debe ser adoptada ahora por el Parlamento Europeo antes de que entre en vigor. Después, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para trasladar las normas a sus legislaciones nacionales.

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