El principal sindicato de la estiba advierte sobre los efectos negativos que la ampliación del EU ETS (Emissions Trading System) puede tener en un sector como el del transporte marítimo. Coordinadora ha registrado ante las instancias comunitarias sus alegaciones a la propuesta de reglamento del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), en línea con las presentadas por la comunidad portuaria de Algeciras.
En concreto, le preocupa la posible “merma de competitividad de los puertos frente a otros del entorno que no forman parte de la UE, la pérdida de influencia internacional al perder trasbordos y el impacto negativo sobre el empleo y la economía”.
Firmado por su coordinador general, Antolín Goya, el documento define el Pacto Verde Europeo como una “iniciativa ambiciosa de transformación económica y social que camina hacia un desarrollo más sostenible, justo e integrador”, una visión que la organización sindical valora muy positivamente.
Sin embargo, aunque se estima que la medida globalmente es positiva, “no alcanza el mismo sentido al transporte marítimo internacional, ya que supondría la destrucción de miles de puestos de trabajo y una mayor dependencia exterior de la UE”.
En el escrito de alegaciones, se recuerda que el sistema portuario español ocupa el noveno puesto en conectividad mundial del transporte marítimo y el tercero a nivel europeo, y que el volumen de mercancías manipulado en trasbordo en Algeciras, València, Barcelona y Las Palmas acumula más de nueve millones de teus en 2019 y 2020.
Por lo tanto, para CETM el trasbordo de mercancías es un tráfico clave, “y la aplicación del reglamento, tanto del ETS como del FUEL EU, situaría la actividad de trasbordo de puertos españoles en clara desventaja frente a los puertos extracomunitarios cercanos”. Esta reglamentación afecta plenamente a todo el tráfico marítimo dentro del EEE y al 50% de las emisiones en los viajes del EEE a puertos terceros.
Coordinadora concluye que aumentar el coste de las escalas de trasbordo en los puertos supondrá una “importante pérdida de tráfico por línea” y, a medio plazo, la pérdida de inversiones privadas, con la consiguiente merma de puestos de trabajo y la obsolescencia del sistema portuario.
