El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inicia este miércoles una ofensiva política en Bruselas para evitar la aplicación en el archipiélago de la nueva tasa al carbono del transporte marítimo, que entrará en vigor a partir de enero, y que puede tener efectos devastadores sobre la industria marítima y portuaria de la comunidad.
En total y hasta el viernes, Clavijo mantendrá diez reuniones del máximo nivel en la capital europea, también para abordar la crisis migratoria, encuentros que cubren tanto al poder legislativo de la UE como al ejecutivo.
En cuanto al primero, Clavijo busca el respaldo del grueso del Parlamento europeo a que la Comisión aplique en Canarias una excepción a la aplicación en las regiones ultraperiféricas del mercado de derechos de emisión (EU ETS), la tasa que gravará las emisiones de carbono de los buques.
Para ello, el presidente canario se reunirá estos días con líderes de los tres principales grupos políticos de la Eurocámara: Partido Popular Europeo, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y Renew. Juntos representan más del 60% del poder legislativo de la UE al aglutinar 458 eurodiputados de los 748 escaños del Parlamento europeo.
La agenda canaria en Bruselas incluye asimismo dos encuentros con altos cargos de la Comisión Europea con responsabilidad directa en el paquete de medidas Fit for 55. En concreto, se reunirá con el director de Aviación, Filip Cornelis, y con la responsable de transporte marítimo y logística de la DG Move, Annika Kroon. También el jueves, el mandatario canario trasladará las demandas de las islas a la directora de mercados de carbono y movilidad limpia en la DG Clima, Beatriz Yordi.
El objetivo específico de estos dos encuentros es que Bruselas permita una exención de la aplicación de las tasas de emisión a los vuelos internacionales y buques contaminantes a las regiones ultraperiféricas, al menos durante el periodo 2024-2027.
Canarias ha logrado quedar exonerada de pagar estas tasas con la península hasta 2030, pero no de pagar los impuestos al transporte marítimo y aéreo que contamine con la UE y Reino Unido, medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero si no se logra una moratoria.
