La comisión de Puertos de la Cámara de Comercio de España teme el impacto que representa para los puertos españoles la entrada en vigor en enero de la directiva ETS de derechos de emisión en el transporte marítimo. Una preocupación compartida con el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena.
Como parte del paquete Fit for 55, en enero se extiende al transporte marítimo el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de CO2 de la UE (ETS) para su aplicación progresiva en términos de pagos por derechos, hasta sus plenos efectos en 2026.
El presidente de la Comisión de Puertos, José Vicente Morata, ha puesto en valor el compromiso de la Cámara de España con los objetivos de descarbonización de la UE, recogidos en el Pacto Verde Europeo, si bien defiende la necesidad de “incluir medidas paliativas” en la directiva ETS para “preservar la competitividad de los puertos españoles”.
Por su parte, Rodríguez Dapena ha recordado las gestiones realizadas por el organismo público que preside, junto con varios puertos españoles, para poner de relieve ante las instancias competentes “el riesgo que supone la fuga de tráficos portuarios a países del entorno no alineados con las medidas propugnadas en la directiva europea,” sugiriendo medidas transitorias o compensatorias.
Además, el presidente de Puertos ha expuesto las implicaciones negativas que tendría la nueva normativa en la pérdida de conectividad del país, no solo para los puertos de la UE, “sino también para el conjunto del tejido industrial en torno a los puertos, y para el conjunto de la economía española”.
Reformula directiva de la Unión
Los análisis efectuados en el seno de la comisión de Puertos de Cámara de España apuntan a que de la entrada en vigor de la directiva se derivará un desvío de rutas hacia puertos no UE para tratar de eludir el pago de los derechos de emisión. De esta manera, se incentivaría el surgimiento de paraísos de CO2, generándose una fuga de emisiones de carbono desde la UE a países próximos. El proceso alargaría las rutas e incrementaría el uso del transporte de mercancías por carretera y/o cabotaje, lo que generaría un mayor volumen neto de emisiones.
Así, la comisión propone reformular la directiva en varios aspectos, entre ellos, la modificación de la definición de Port of Call, con el fin de evitar que una parada en un puerto de transbordo en un país no UE ponga a cero el contador de CO2 de la travesía; una transición progresiva para rutas transoceánicas de más de 3.000 kilómetros, que evite el desvío hacia otros puertos no UE; y la puesta en marcha de incentivos a operadores que realicen un número significativo de operaciones en puertos UE, de forma que frene el sobrecoste de los derechos de emisión.
