Astic, decana de las patronales del transporte profesional en España, propone a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 23J un decálogo de prioridades para impulsar el transporte por carretera, un sector “estratégico” para la economía y la sociedad en general.
La primera de estas medidas pasa por la unidad de mercado, una armonización legislativa europea y estatal que incluya desde la calendarización de las restricciones a la circulación de camiones o las características de pesos y dimensiones, pasando por las velocidades máximas permitidas, hasta los requerimientos ambientales o la normativa sociolaboral.
Según la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, el actual “mosaico normativo que deben enfrentar empresas y empleados pone en riesgo el equilibrio competitivo y entorpece la compleja dinámica de gestión de rutas y medios. El mercado único exige regulación uniforme y clara”.
El transporte por carretera desembolsa 12.000 millones de euros anuales a las arcas públicas, la mayor parte procedente del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos.
En segundo lugar, el decálogo de Astic para el 23J propone aligerar la “asfixiante” carga impositiva y de costes sociales. El transporte por carretera desembolsa 12.000 millones de euros anuales en el impuesto de hidrocarburos, a lo que se une la “tremenda” carga que suponen las cotizaciones sociales, “especialmente para los conductores profesionales de camiones pesados”, advierte la organización. En 2023, las bases máximas han subido un 8,6%, 1.600 euros más al año por persona.
Otra de las medidas propuestas es acabar con la hiperatomización del sector. España cuenta con el doble de empresas de transporte de carga (más de 100.000) que Alemania. “Nuestro sector necesita ganar músculo empresarial para lo que necesitamos medidas correctoras en los ámbitos fiscal y laboral y crear un marco de seguridad jurídica que incentive la creación de un tejido de empresas de tamaño medio-grande”, aduce la patronal del transporte internacional por carretera.
Además, añade, las empresas no compiten en igualdad de condiciones, ya que para una parte de los operadores sigue siendo posible acogerse a la tributación por módulos, “un sistema que es una rara avis en el conjunto de sistemas fiscales europeos”.
También pide la creación de corredores específicos para el transporte de mercancías abiertos 24 horas, los siete días de la semana y los 365 días del año, sin restricciones a la circulación. El objetivo es garantizar el flujo de las mercancías, facilitando la planificación de las cargas y la logística de las empresas de transporte.
Otro punto urgente es paliar la escasez de conductores profesionales, un problema apremiante, ya que España precisa 20.000 transportistas de carga y 6.000 de viajeros, cifras que se dispararán hasta más de 100.000 en 2028. Y es que más del 70% de los conductores en activo supera los 50 años y que no hay relevo generacional.
En línea con la escasez de conductores, otro problema que arrastra el sector es la falta de áreas de descanso seguras y confortables para transportistas. En España hay cerca de 100 áreas de servicio sin vigilancia específica en autopistas y autovías, y unos 40 parkings con medidas de seguridad, algunos con instalaciones bastante antiguas y una carta de servicios muy limitada.
Peajes y transición energética
El decálogo del 23J de Astic también dice no a los peajes en autovías. España debe transponer la última directiva europea sobre la euroviñeta antes de marzo de 2024. La UE deja la puerta abierta a aplicarlo a turismos, camiones de más de 3,5 toneladas, autocares, autobuses, minibuses o furgonetas. La ley de Movilidad Sostenible, que recogía la implantación de peajes, se tramitaba en el Congreso cuando se anunció el adelanto electoral, por lo que ahora duerme en un cajón. “Confiamos en que el ganador del 23J finalmente no sucumba a la tentación de implantar este repago que supondría un golpe directo a nuestro pujante sector exterior”, advierte.
Finalmente, el transporte internacional reclama una transición energética “realista, justa e inclusiva”, que contemple el hidrógeno verde, el gas natural y los ecocombustibles; el impulso a la intermodalidad, desde el equilibrio presupuestario entre los diferentes modos de transporte, y apoyar la inversión en I+D+i, la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial (IA) al servicio del transporte por carretera.
