El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno deja en el limbo buena parte de los acuerdos alcanzados con los profesionales del transporte para la sostenibilidad del sector en diciembre de 2021 y marzo de 2022. También paraliza proyectos igualmente esenciales para el transporte por carretera, como la ley de Movilidad Sostenible y la implantación de peajes en las autovías.
En total, la disolución de las Cortes afecta a más de 60 proyectos legislativos, algunos de ellos con una incidencia directa para el desarrollo y sostenimiento del sector. De esta manera, los compromisos adquiridos por el Gobierno en los últimos meses podrían quedarse en un cajón a la espera de un desarrollo reglamentario que pende de un hilo.
En concreto, con el adelanto electoral decae el proyecto de ley de convalidación del decreto-ley 14/2022, de medidas de sostenibilidad económica, que incluye la regulación de la contratación en la cadena de transporte, aprobado en agosto. Esta ley, considerada clave para la sostenibilidad del sector, tiene como objetivo limitar la subcontratación, caballo de batalla de las reivindicaciones de los transportistas hace un año.
Otro proyecto inacabado es la ley de Movilidad Sostenible, uno de los grandes temas estrella del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde su primera etapa con José Luis Ábalos al frente.
Entre otras cosas, esta iniciativa legislativa debía regular la polémica introducción de peajes en las autovías, que cuenta con el rechazo frontal de los transportistas, así como el uso de la documentación de transporte en formato electrónico o la posibilidad de establecer tasas específicas por los ayuntamientos para acceder a las grandes ciudades.
Desde Fenadismer, apuntan a la posibilidad que tiene el Gobierno de recurrir al decreto-ley “si se acreditaran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad”. Entre estas citan nuevas ayudas al transporte en caso de que la inestabilidad internacional por la guerra de Ucrania provoque una nueva escalada del precio de los carburantes.
El caso de las 44 toneladas
Hasta el próximo 23 de julio, el Gobierno continúa con plenas funciones lo que le permitiría seguir desarrollando normas de carácter reglamentario, como la modificación de los pesos y dimensiones, que introducirá las 44 toneladas en el transporte por carretera. La medida ha enfrentado históricamente a cargadores y transportistas, aunque ya se había alcanzado un principio de acuerdo el año pasado, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera.
La modificación de la capacidad del transporte de mercancías por carretera solo precisa una simple orden ministerial para llevarla a cabo. En esta cuestión, los ministerios de Transportes, Interior e Industria “tienen bastante avanzada” su tramitación, “por lo que no es descartable que pudiera publicarse días antes de la cita electoral, aunque su entrada en vigor se produzca posteriormente.
La federación de transportistas recuerda también que existen precedentes de regulaciones similares en periodo electoral, como la orden ministerial que introdujo el megacamión en España, aprobada dos días antes de las elecciones generales de diciembre de 2015.
Sin embargo, otros casos pendientes de desarrollo reglamentario, como la mencionada regulación de la subcontratación en el transporte por carretera o la reducción de las cotizaciones sociales de las empresas, permanecerán en algún cajón del Parlamento, quien sabe si para siempre.
