Aragón Plataforma Logística ha licitado el contrato para la redacción del proyecto de implantación de la plataforma logístico-industrial de Zuera. El contrato tiene un valor estimado de 828.000 euros y un plazo de ejecución de 33 semanas. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo dos de diciembre.
El objetivo del PIGA será ordenar esta nueva plataforma de 150 hectáreas para obtener parcelas de gran tamaño, tal y como demanda el mercado logístico e industrial actual; delimitar un área logística con parcelas de más de 50.000 metros cuadrados y una zona industrial para empresas vinculadas a la logística y otros usos industriales; y facilitar la conexión con las infraestructuras ferroviarias y viarias existentes, uno de los principales atractivos con los que cuenta esta nueva plataforma.
El contrato en licitación incluye todos los trabajos relacionados con el proceso de redacción de los documentos urbanísticos necesarios para la tramitación y aprobación del PIGA. Este comprende la toma de datos previa, levantamiento topográfico, estudio hidrológico, de tráfico y capacidad, la redacción del documento de avance para coordinación y los documentos para la tramitación previa del plan, así como la documentación necesaria para su aprobación completa definitiva.
Grupo Jorge
Esta misma semana se conocía el nombre del primer proyecto que se instalará en esta nueva plataforma. Grupo Jorge invertirá 60 millones de euros y creará cerca de 200 empleos en un nodo industrial que ocupará 35 de las 150 hectáreas disponibles y permitirá a la compañía cárnica aragonesa centralizar tanto la llegada de materias primas como la expedición del producto terminado.
La iniciativa será referente en logística de cereales y contenedores frigoríficos para asegurar el transporte de carga de productos perecederos.
El proyecto para la implantación de la nueva plataforma logístico-industrial de Zuera fue declarado de interés autonómico y de interés general por el Gobierno de Aragón en enero. Esta doble declaración permitirá impulsar y reducir los plazos de los procedimientos administrativos necesarios para la tramitación y ejecución del plan para que esta inversión pueda ser una realidad en un corto plazo.
