La Diputación Foral de Bizkaia pondrá en marcha un sistema de pago por uso para vehículos pesados “que permita resolver los desequilibrios y avanzar hacia un modelo más eficiente” para el transporte de mercancías por carretera.
El diputado de Infraestructuras, Imanol Pradales, ha llevado a las Juntas Generales una propuesta para desplazar a los camiones de más de 3,5 toneladas a las vías de alta capacidad. “Un sistema implantado ya en toda Europa que se ha demostrado eficaz y va a contribuir a reducir los desequilibrios en vías como la N-240, BI-625 y el Corredor de Txorierri”, ha señalado el diputado foral.
El ejecutivo vizcaíno espera recuperar los costes de conservación y gestión de la red propia, unos 90 millones de euros al año, “y garantizar la igualdad de oportunidades independientemente del origen/destino de las mercancías”.
Sobre la posibilidad de que los tribunales anulen el peaje, como en Gipuzkoa, Pradales cree que la norma foral tendrá la “máxima” seguridad jurídica. “Será especialmente cuidadosa para evitar cualquier discriminación directa o indirecta, por cualquier motivo, al identificar los tramos, colocar los arcos de control y establecer las cuantías del canon”, ha insistido.
Casi una treintena de arcos
El sistema prevé una treintena de arcos de control con sistema free-flow, con detectores de tránsito e identificadores de vehículos sin necesidad de parar el tráfico. Similares a los de Gipuzkoa, se instalarán de manera gradual en la N-240, BI-625, N-636, A-8 y Txorierri.
“Debemos encontrar un buen equilibrio entre el uso eficiente de la red, su reordenación y la competitividad del transporte de mercancías en Bizkaia, que no debe verse penalizado», ha subrayado Pradales.
El sistema podría entrar en funcionamiento de forma parcial en otoño de 2022. “Es fundamental hacerlo de manera consensuada, gradual y teniendo en cuenta las necesidades del sector”, ha puntualizado.
En la actualidad, unos 4.000 camiones circulan a diario por las carreteras comarcales vizcaínas, un millón al año. En 2019 se registraron en estas vías 855 accidentes con camiones implicados. La Diputación espera reducir la siniestralidad entre el 34% y el 58%. También estima una reducción de las emisiones de CO2 de al menos un 12%, 7.000 toneladas al año.
