El Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera aborda este jueves con los responsables del ministerio de Transportes las nuevas propuestas que el Gobierno quiere adoptar en materia de movilidad, en el marco del Plan de Recuperación presentado a Bruselas. De entre estas destacan, en especial, dos: el pago por uso en las autovías, que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere implementar en todas las autovías en un plazo de tres años; y la ampliación de capacidad de los vehículos de transporte de mercancías.
Las negociaciones no serán fáciles, porque en ambas cuestiones cuenta con el rechazo sin fisuras de todas las asociaciones de transportistas. De hecho, en julio del año pasado el secretario de estado de Transportes, Pedro Saura, firmó en nombre del ministro José Luis Ábalos un documento por el que el ministerio se comprometía a no adoptar ninguna decisión en estas cuestiones sin el consenso del sector.
La regulación de la carga y descarga, el endurecimiento de la legislación contra la morosidad, el impulso a la digitalización o las ayudas a la renovación de flotas son algunas de las actuaciones que el Comité del Transporte quiere incorporar al plan.
“Lo que no se entiende es desarrollar líneas de actuación sin nuestro consenso que suponen la pérdida de competitividad de las empresas del sector, como el pago por uso de las infraestructuras viarias al cargador contribuyente o la incorporación de camión de 44 toneladas”, afirma el presidente de la patronal valenciana FVET, Carlos Prades.
Rechazo frontal al borrador del plan
La federación valenciana es una de las organizaciones que han mostrado su rechazo frontal al borrador del plan de impulso a la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, elaborado por el departamento de Ábalos.
“Nos sentimos ninguneados e incluso penalizados con estas medidas que se están anunciado, cuando somos un sector clave en la economía, el eslabón imprescindible en la cadena. Actualmente, en España, con la infraestructura que disponemos, el transporte de mercancía terrestre pasa por el camión”, añade Prades.
La comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ya trabaja en el texto del anteproyecto de ley con la intención de aprobarlo en consejo de ministros el próximo mes de junio, según apuntan desde Fenadismer. Una vez aprobada la ley, se precisan al menos dos años para desarrollar los instrumentos normativos y la infraestructura técnica necesaria para implantar el pago por uso en la red de autovías estatales.
En todo caso, el Gobierno reconoce que el principal “riesgo de rechazo” viene del colectivo de transportistas profesionales. Temen que pueda ocurrir lo mismo que en Francia, cuando el gobierno de Macron intentó hasta en cinco ocasiones imponer una tasa similar en las carreteras del país. La presión en contra le obligó a abandonar el proyecto y sustituirlo finalmente por un recargo en el impuesto de hidrocarburos.
