Todos a una, puertos, navieras, estibadoras, operadores logísticos y cargadores han pedido a la UE que posponga la entrada en vigor de la directiva EU ETS (Emissions Trading System) que gravará las emisiones del transporte marítimo. La jornada organizada por Port de Barcelona para abordar su impacto en la industria marítima ha servido para visualizar el acuerdo de toda la comunidad portuaria sobre los efectos negativos que causará su puesta en marcha a partir del mes de enero, tal y como está redactada.
La asistencia ha superado las previsiones de manera que la autoridad portuaria ha tenido que trasladar el evento al auditorio del WTC porque la estancia inicial se había quedado pequeña.
“El EU ETS es un mecanismo válido para reducir las emisiones, pero estamos preocupados por los efectos negativos que pueda tener en el transporte marítimo”, ha afirmado en la inauguración el presidente de Port de Barcelona, Lluís Salvadó, para quien “nadie puede dudar de nuestro compromiso por descarbonizar la actividad, pero pedimos tiempo, la redacción actual plantea riesgos”. Entre estos, Salvadó ha citado el incremento de costes para exportadores e importadores, el desvío de tráficos a puertos terceros y una merma de competitividad para el sistema portuario estatal en su conjunto.
Los servicios de short sea shipping del enclave catalán con Italia a través de las autopistas del mar han permitido la retirada de las carreteras de hasta 170.000 camiones. “El EU ETS puede ser una medida regresiva para el desarrollo de las autopistas del mar, pedimos que se tenga en cuenta y un margen de tiempo para poder aplicarlos”, ha sentenciado el responsable portuario.
El desvío de tráficos a paraísos ambientales es la principal preocupación de la industria portuaria. Y es que hasta el 65% de las rutas marítimas actuales pueden reconfigurarse para eludir la tasa europea al carbono a corto plazo, un porcentaje que puede llegar al 80% en el largo plazo, según un estudio de Cenit. “No podemos pensar en medidas correctivas a posteriori, porque las inversiones que se van al norte de África no van a volver. Por lo tanto, las medidas deben tomarse antes”, advierte su director, Sergi Saurí.
Por su parte, el presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, asegura que la aplicación de la directiva ETS en los puertos “no solo afecta al tráfico de transbordo sino a toda la actividad de trasbordo, que va a representar la pérdida de muchos puestos de trabajo, vamos a pasar ser puertos de segundo nivel, perderemos conectividad y eso quiere decir competitividad, además del desvío de inversiones a otros puertos exteriores a la UE”.
El tráfico de transbordo supone más del 50% de la actividad del puerto de Algeciras, superior al de València. En Barcelona representa alrededor del 25%.
Landaluce ha puesto de relieve la pérdida del control sobre las cadenas de suministro, “porque quien controla el trasbordo controla la cadena logística”. Y ha señalado en el calendario los dos próximos consejos de ministros europeos, de transporte y de medio ambiente, bajo presidencia española, a celebrar en diciembre. “Son ellos los que pueden hacer algo”, ha enfatizado.
El director de la terminal Best del puerto de Barcelona, Guillermo Belcastro, identifica tres clases de impacto. En primer lugar, sobre el volumen de tráficos, teniendo en cuenta que de los 17 millones de contenedores que mueven los puertos españoles, cuatro millones son de trasbordo. “El exportador español va a perder competitividad, están en riesgo muchos puestos de trabajo, todos los operadores del Mediterráneo tendrán que replantearse su futuro”, advierte. En segundo lugar, el EU ETS obligará a los operadores españoles a ser más eficientes, y por último, la cada vez mayor concentración de escalas en unos pocos puertos, lo que obligará a estos a ampliar sus hinterlands en busca de nuevos mercados.
La visión del short sea
Para Mario Massarotti, consejero delegado de Grimaldi España, que ha aportado la visión del short sea shipping, el tema es mucho más sencillo. “Para nosotros es una contradicción, una vendetta de la carretera, porque si el espíritu de la ley es gravar las emisiones, no puede ser que se tase más a quienes emiten menos, que son las autopistas del mar, en comparación con la carretera, que no paga nada”.
También los cargadores se han mostrado muy preocupados. Jordi Espín, de Transprime, ha puesto el foco en la calidad del servicio más que en el coste. “Lo que sabemos seguro es que va a ser más caro, pero la cuestión no es cuánto más caro va a suponer, porque el mercado fluctúa y es imposible preverlo, sino qué afectación va a tener en los transit time”, ha remarcado.
Finalmente, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha destacado el impacto de la directiva ETS sobre las autopistas del mar, y ha puesto cifras. “De los 9.000 camiones que cruzan la frontera por La Jonquera, 1.000 los hemos podido pasar al barco gracias a los ecobonus italianos y ahora los ecoincentivos españoles”, y ha instado a la comunidad portuaria a sumar fuerzas para “tratar de convencer a la UE con argumentos ambientales, como si fuéramos medioambientalistas, porque en el fondo también lo somos”.
Tal y como está la normativa, sostiene Dapena, “no se logra el objetivo buscado, porque la reestructuración de rutas provocará que los buques emitan más CO2 para eludir la tasa; vamos a emitir más y las emisiones se van a ir a otro lado; tenemos ciertos argumentos también ambientales para plantear cambios”. Además de la pérdida del control sobre la cadena logística marítima a países que no son de la UE, “y lo que eso puede suponer para la propia seguridad de la UE”.
