El Defensor del Pueblo ha cargado duramente contra el ministerio de Industria por negarse a suprimir la orden que recorta la vigencia de la revisión de la ITV por el estado de alarma. El documento fue aprobado en mayo para solucionar el colapso en las revisiones técnicas, como consecuencia del cierre durante el confinamiento, afectando a seis millones de vehículos. La trampa denunciada por las asociaciones de transportistas, entre ellas Fenadismer, era que la fecha en que realmente pasaban la revisión se retrotraía a la fecha en que les caducó.
Aunque el Tribunal Supremo paralizó temporalmente su aplicación desde el pasado mes de octubre, Industria la mantiene, lo que ha sido objeto de nueva crítica por parte del Defensor del Pueblo, que atiende así la solicitud de amparo presentada por la federación de transportistas.
La pasividad de la Administración ha motivado una nueva resolución, en la que el Defensor del Pueblo critica abiertamente la actitud de Industria al posicionarse claramente a favor de las concesionarias. “Quienes deben afrontar la ITV son personas y, por ende, sujetos de derecho, entre ellos, el derecho a una Administración que sirva objetivamente al interés general. Dice esa Administración que hay seis millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV. Pues bien, detrás de esos vehículos hay otras tantas personas para quienes la ITV de su vehículo es una carga administrativa y económica”.
Y añade que “ese supuesto equilibro beneficioso a largo plazo (refiriéndose a las inspecciones futuras) no compensa el sacrificio singular de cientos de miles de afectados que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva”.
