La Diputación de Gipuzkoa plantea extender los puntos de control de peaje para camiones en sus carreteras, pasando de los cuatro del sistema actual a un total de 32. La nueva propuesta pasa por someter a peaje casi todo el trazado de la N-1 y la A-15 en territorio guipuzcoano. De esta manera, sus impulsores tratan de salvar los argumentos jurídicos por los que el peaje fue declarado nulo.
Para poder financiar la extensión de la infraestructura necesaria, según cálculos de los transportistas, la concesionaria Bidegi va a triplicar el importe recaudado al transporte pesado gracias al nuevo modelo viario. De los 5,94 euros que pagan en la actualidad, pasarán a abonar 14,80 euros por trayecto recorrido.
El nuevo proyecto de norma foral, actualmente en tramitación, viene a sustituir a los dos anteriores tumbados por el TSJ del País Vasco y el Tribunal Supremo. De aprobarse, su aplicación no se produciría antes del segundo semestre del próximo año. Para Fenadismer, el nuevo sistema es una “venganza” contra los transportistas que desde el inicio se han opuesto a la medida de la administración foral y la han llevado a los tribunales.
Además, denuncian que la N-1 y la A-15 no son vías asimilables a las autopistas, ni en diseño ni en trazado. Sin embargo, el importe propuesto supera el de la media de las vías de peaje de alta capacidad. Los 28 céntimos por kilómetro recorrido que pagarán los camiones de mayor tonelaje contrastan con los 16 que pagan en la AP-68.
Por otro lado, un juzgado de San Sebastián ha admitido a trámite la querella interpuesta por los transportistas contra la diputada Foral de Infraestructuras, Ainztane Olabide, y la empresa Bidegi por no haber paralizado aún el cobro del peaje.