Solo el 9% de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes cuenta con zonas de bajas emisiones (ZBE), si bien el 68% ya ha dado el primer paso creando áreas de movilidad restringida. Entre ambas, más del 77% de los municipios, tres de cada cuatro, restringe ya los accesos a sus centros urbanos por motivos de sostenibilidad, tal como marca la ley.
Según los datos del informe dado a conocer este miércoles por Aecoc, en su congreso de Smart Distribution, nueve de cada diez tiene previsto crear una ZBE. De hecho, el 62% está elaborando un calendario para restringir gradualmente el acceso de vehículos contaminantes a sus núcleos urbanos.
“El 70% de las empresas consideran importante las zonas de bajas emisiones, pero reclaman unidad de regulaciones y consideran que es muy importante que se ayude a las pymes y autónomos a hacer esta transición, porque su futuro puede estar en riesgo”, ha explicado al respecto Álex Sánchez, director de Cadena de Suministro de la organización, que muestra el sentir general del sector.
Para la asociación de fabricantes y distribuidores, las ayudas previstas para la renovación de flotas “no son suficientes”. Además, consideran que los fondos también deben estar enfocados a la transformación digital de las empresas para optimizar las rutas, un factor importante en términos de sostenibilidad.
Si se cumple con las fechas previstas, todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes deberán definir sus zonas de bajas emisiones (ZBE) antes del 1 de enero de 2022. Esta norma, que afecta a 149 municipios del país, deberá definirse por el ayuntamiento de cada ciudad, lo que puede crear unas diferencias difíciles de asumir por las empresas dedicadas a la distribución urbana de mercancías.
Previendo esta heterogeneidad, desde la Oficina Española de Cambio Climático han establecido una serie de pautas para definir las zonas de bajas emisiones “de la forma más uniforme posible”, tal y como ha explicado Valvarena Ulargui, directora general del organismo, durante su intervención. No obstante, “luego las ciudades adoptarán las medidas que consideren más útiles”.
La ley de Movilidad Sostenible, en breve
La jornada también ha contado con la intervención de María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, quien ha anunciado que la Ley de Movilidad Sostenible verá la luz en las próximas semanas, tras recibir cientos de aportaciones de los profesionales del sector.
“Debemos centrarnos en dar respuesta a la movilidad de los ciudadanos, asociada a los grandes retos a los que nos enfrentamos”
MARÍA JOSÉ RALLO
Aunque no han trascendido mayores detalles, Rallo ha adelantado tres de las medidas que estarán incluidas en el borrador: la creación de un organismo para diseñar las políticas públicas en colaboración con las empresas; un sandbox de movilidad, enfocado a “probar en el mercado nuevas ideas de negocio alrededor del transporte de mercancías”; y la inclusión en el texto de un título específico “enfocado a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del transporte de mercancías”.
Además, la secretaria general de Transportes y Movilidad ha explicado que la nueva regulación estará enfocada a tratar tres vectores de transformación principales: la lucha contra el cambio climático, la digitalización de las empresas; y los retos de movilidad urbana, “también en las pequeñas ciudades y el entorno rural”.
“Debemos centrarnos en dar respuesta a la movilidad de los ciudadanos, asociada a estos grandes retos a los que nos enfrentamos”, apunta Rallo, que considera que el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno “va a acelerar todas las inversiones necesarias para la transformación de las empresas de distribución, tanto en términos de digitalización como de sostenibilidad, algo que, de otra manera, habría tardado mucho más tiempo”.
Todo ello, apostando por la colaboración entre las administraciones y las empresas del sector. En este sentido, “el diálogo y la negociación” son las claves para escribir el futuro del transporte de mercancías, tal y como valora Álex Sánchez.
