El sindicato UGT ha presentado ante la inspección de Trabajo y Seguridad Social tres denuncias contra Glovo, Uber Eats y Amazon por externalizar la actividad utilizando empresas pantalla para aplicar convenios más baratos. Desde la finalización de la negociación de la denominada ley rider, el pasado 10 de marzo, las plataformas digitales de reparto iniciaron un plan para convertir a algunos de sus repartidores en trabajadores. “Una decisión que a priori podría parecer positiva si no fuera porque lo han convertido en un nuevo fraude, utilizando la externalización de la actividad a empresas que aplican el convenio más barato de España, el de mensajería”, advierten desde el sindicato.
En su demanda, UGT destaca que el convenio de mensajería es de “eficacia limitada”, es decir, que fue firmado por el sindicato USO y, por tanto, solo se puede aplicar a los afiliados de este sindicato o aquellas personas que se adhieran al convenio.
De manera que, según los denunciantes, el uso de este convenio entre las plataformas constituye un “nuevo fraude” que afecta directamente a las personas repartidoras y a sus cotizaciones a la Seguridad Social al no aplicarles el salario correcto de los convenios provinciales de transporte de mercancías por carretera, que es el convenio que se debería aplicar. Algo que, en el caso de Glovo, confirmó por sentencia firme el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Además, UGT subraya que es necesario tener en cuenta que “los repartidores siguen utilizando la misma aplicación con la que trabajaban antes y que la organización del trabajo se sigue realizando desde la empresa principal de forma que esta convierte a la subcontrata en una empresa pantalla que le permite burlar la legislación laboral”.
Por ello, iniciará de nuevo el mismo proceso ante la dirección general de la Inspección de Trabajo que llevó a cabo en diciembre de 2017. Esta vez, el objeto de la denuncia no es la regulación de los falsos autónomos “sino la subcontratación abusiva con el convenio más barato para que sigan teniendo un margen que les permita la competencia desleal con las empresas que cumplen los convenios colectivos”.
También exige al Gobierno que se publique de forma urgente la ley rider, de forma que la administración “vigile de cerca” la forma en la que estas empresas realizan la transformación contractual.
