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domingo, agosto 7, 2022
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Ocho patronales del transporte exigen un plan de choque frente a la subida del gas

Ocho organizaciones de transportistas de mercancías y viajeros, taxistas, navieras y paqueteras afectadas por la espiral de precios del gas han dirigido una carta conjunta a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la que le piden un plan de emergencia. Entre las entidades firmantes figuran Fenadismer, Astic, UNO, Anave, Antaxi, Atuc, Confebus, FPT y Gasnam.

En la misiva, estas le demandan medidas de choque concretas que permitan la supervivencia del sector. En la carta se pone de relieve que autónomos y empresas de transporte que han apostado por la descarbonización en los últimos años han acudido a la “única alternativa madura y disponible” que les permitía reducir su impacto ambiental, como es el gas natural.

Gracias a ello, el sector ha logrado “significativos ahorros en emisiones”, a la vez que se ha preparado para el uso del biometano, que representa el siguiente paso en el camino hacia la neutralidad climática.

Sin embargo, tras la pandemia, la estabilidad de precios que tradicionalmente tenía este carburante se ha visto alterada. La crisis energética sin precedentes se ha traducido en un incremento del 365% del coste, “lo que pone en riesgo la supervivencia inmediata de empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera, taxis y navieros”. Y recuerda que para contribuir a los objetivos climáticos estos han asumido “importantes inversiones aun no amortizadas”.

Entre otras medidas, piden subvenciones directas o ayudas fiscales, así como bonificaciones para la compra de vehículos a gas, remotorización o construcción de buques. También que se incluyan “fórmulas que permitan reequilibrar los contratos de servicio público, así como asegurar, mediante indicadores de actualización de costes, certificados por organismos oficiales (como Mibgas), la viabilidad económica”.

También reclaman que se tenga en cuenta en los pliegos de condiciones que regulan las convocatorias de licitación de contratos de gestión de servicios públicos de transporte, así como extender al gas el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera sobre la obligatoriedad de la revisión del precio del transporte en función del coste del gasóleo.

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