Los transportistas de mercancías por carretera se sienten abandonados por el Gobierno, maltratados por sus clientes y en riesgo de quiebra estructural. Una situación extrema ante la que no descartan adoptar “medidas excepcionales, sin descartar ninguna”, que trasladen a la sociedad el “grave peligro” ante el que se encuentra el sector.
En una carta abierta del Comité Nacional del Transporte por Carretera, las principales organizaciones de transportistas denuncian la falta de diálogo con la administración, decidida a imponer el pago por uso en las carreteras, la ampliación a las 44 toneladas o la descarbonización de la actividad sin tener en cuenta la opinión de los profesionales, los mismos que evitaron el desabastecimiento en los peores momentos de la pandemia.
“Esa disponibilidad de todo tipo de productos, que tendemos a dar por supuesta en el vivir cotidiano, y que una situación excepcional permitió valorar en su justa medida, puso de manifiesto que de nada sirve que las grandes superficies abran sus puertas si las mercancías no llegan hasta ellas (…) Esta realidad que parece tan obvia, no lo es ni a los ojos de esas grandes (y no tan grandes) superficies, ni tampoco, de modo incomprensible, para nuestro Gobierno”, señala el documento publicado este lunes.
En él lamentan que llevan años atravesando una situación “dificilísima, con enormes problemas de tipo estructural y coyuntural, acerca de los cuales se ha llamado repetidas veces la atención tanto de la administración como de nuestros clientes, sin haber obtenido la menor respuesta, aun cuando existe un riesgo cierto de quiebra estructural”.
Desde hace más de dos años, la administración tiene una lista de los problemas concretos del transporte de mercancías por carretera para los que se ha pedido solución, “sin que en todo este tiempo se haya hecho nada para resolverlos, incluso cuando existen compromisos firmados por todo un secretario de Estado”, prosiguen los firmantes. En julio de 2020, el entonces número dos del ministerio, Pedro Saura, se comprometió a no extender los peajes a las autovías sin consenso.
Las asociaciones del sector recuerdan la “alarmante” ausencia de conductores que sufren debido a la “total ausencia de incentivos para la profesión, trabajando para unos clientes que les someten a un trato vejatorio, obligándoles a realizar labores propias de un carretillero, tras largas horas de espera en sus instalaciones en condiciones degradantes”.
El texto acusa al Gobierno de no tener en cuenta lo acordado e imponer su criterio en cuestiones como el pago por uso, la transición ecológica o el cambio de dimensiones y pesos. También reprochan a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que todavía no se haya reunido con el sector desde que fue nombrada, “sin atender una actividad definida por el propio Gobierno como esencial, como es la nuestra”.
