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jueves, octubre 17, 2024

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Los transportistas catalanes cobran mucho antes que los del resto de España

Ocho de cada 10 transportistas catalanes cobran sus servicios dentro del plazo legal de 60 días que marca la ley contra la morosidad en el transporte, frente a solo el 50% en el resto de España. Según el Observatorio Catalán de la Morosidad del Transporte por Carretera, elaborado por Astac Condal, uno de cada tres transportistas catalanes declara no conocer la existencia de un régimen sancionador, y el 4% afirma haber denunciado a su cliente.

Esta asociación catalana de transportistas, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, ha presentado los resultados del primer observatorio catalán de la morosidad y medios de pago en el sector del transporte de mercancías por carretera, que se ha llevado a cabo con apoyo de la conselleria de Territori de la Generalitat. El instrumento nace con vocación de permanencia con el fin de evaluar su evolución.

El observatorio catalán de la morosidad en el transporte, en el que han participado más de 350 empresas de transporte catalanas de todos los ámbitos y tamaños, ha puesto de relieve la mejor situación financiera en materia de cobros que disfrutan los transportistas de esta comunidad en relación con los del resto de España.

Ello se debe a que su principal contratación la realizan con cargadores y operadores logísticos domiciliados en Catalunya, en concreto un 76% del total de su actividad, frente al 18% con cargadores del resto de España y un 6% del resto de Europa. Ello provoca que el 77% de los cobros que perciben se realicen dentro de los plazos máximos legales de pago, menos de 60 días, muy superior a la de los transportistas del resto de España.

De hecho, analizando el origen del cliente, los cargadores e intermediarios catalanes cumplen en mayor medida la legislación vigente. En concreto, un 78% paga en plazo, frente a solo el 30% del resto de cargadores españoles. Por tamaño empresarial, no se observa diferencias en los plazos de pago entre grandes y pymes, y destaca que en el caso de tratarse de administraciones públicas contratantes de transporte el 100% de sus pagos se realizan a menos de 60 días, aunque cuando el cliente es público la ley marca un plazo máximo de 30 días.

Desconocimiento del régimen sancionador

Otro dato relevante obtenido del observatorio catalán de la morosidad es el relativo al conocimiento del régimen sancionador, aprobado en 2021, del que el 36% afirma desconocer su existencia. De hecho, el 84% reconoce no haber notado ningún cambio en los plazos de pago en 2022, y un 10% afirma que estos se han incrementado en el último año.

En 2022 no hubo actuación inspectora de oficio en esta ámbito, a diferencia de 2023, incluida en el Plan Nacional de Inspección de Transporte, lo que desde Fenadismer aseguran que “está ayudando a mejorar el cumplimiento y aplicación de la ley”.

En cuanto a los medios de pago más usados en el pago a los transportistas catalanes, la mitad se realizan por trasferencia en un 50% de los casos, seguido del confirming (40%).

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