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sábado, mayo 28, 2022
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Los transportistas acusan a Aecoc de querer perpetuar su posición de dominio

El Comité Nacional del Transporte por Carretera ha acusado a la gran distribución de estar “obsesionada por aumentar la capacidad” de los camiones y querer “perpetuar el abuso sobre el más débil de la cadena para seguir asegurándose sus márgenes a costa de los transportistas”. El colectivo responde así a Aecoc que este martes alertaba sobre las “graves consecuencias” económicas de la regulación de cuestiones como la carga y descarga o la revisión del precio del gasóleo, que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, llevará al Consejo de Ministros este mismo mes de febrero.

En una carta de respuesta a Aecoc, el Comité afea a sus clientes los cargadores que durante la pandemia hayan seguido “presionando aún más para bajar los precios, no dejando entrar a nuestros conductores en sus instalaciones para cubrir las necesidades higiénicas más básicas mientras les seguían obligando a cargar y descargar los camiones o jugaban a su conveniencia con los tiempos de espera”.

Los transportistas recriminan a Aecoc que “todas las mesas de negociación que compartimos durante años para intentar resolver la problemática de deterioro empresarial que sufría el sector fracasaron siempre por su obsesión por mantener la posición de dominio de mercado de los cargadores”.

En la carta, las patronales del transporte por carretera consideran “inaudito” que los cargadores critiquen el acuerdo con el ministerio de Transportes del pasado mes de diciembre, “que trata de “dignificar una profesión en la que ellos, con sus malas prácticas, son los principales causantes de su deterioro, y de hacer rentable una actividad olvidando que también son ellos los que más contribuyen a envilecer las condiciones del mercado en beneficio propio”.

Finalmente, reprochan a sus clientes “haber dedicado todos sus esfuerzos a dinamitar las negociaciones con contactos directos en las altas instancias, intentando boicotear un acuerdo histórico para el transporte”.

Los acuerdos alcanzados con el Gobierno consisten en la prohibición de que los conductores carguen y descarguen la mercancía de los camiones o el establecimiento de una cláusula obligatoria de revisión de tarifas en función de la fluctuación del precio del gasóleo. También incluye otras medidas, como la no implantación de peajes, la reducción de los tiempos de espera de dos horas a una, el mantenimiento del gasóleo profesional o la lucha contra la competencia desleal.

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