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jueves, noviembre 21, 2024

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Los portuarios se oponen a ampliar las dimensiones del transporte combinado

El transporte portuario rechaza las demandas de las grandes patronales del sector para aumentar la capacidad del transporte intermodal en los camiones articulados, una vez se acuerden las 44 toneladas con carácter general.

Fenatport, formada fundamentalmente por autónomos, apunta a la ampliación planteada por Astic y CETM, que han solicitado más capacidad para los camiones articulados en transporte combinado.

Actualmente, en el transporte combinado se aplica un diferencial de dos toneladas en la masa máxima autorizada. Para los transportistas portuarios, esta diferencia dejará de tener sentido con las 44 toneladas, por lo que piden que se elimine con la nueva normativa.

Según Víctor González, presidente de Fenatport y de Fetransa, se trata de algo “que no atenta solo contra la estabilidad económica del sector, sino que también afecta de forma directa a la operativa portuaria”.

El transporte portuario ve en el posible incremento de capacidad del intermodal un “ataque directo al transporte por carretera tratando de beneficiar al ferrocarril, que resulta escasamente competitivo y nada eficaz, un pozo sin fondo al que se destinan inversiones y modificaciones normativas con objeto de tratar de reflotarlo a costa de la carretera”.

En el peor momento

La junta directiva de la federación, integrada en Fetransa, recuerda que esta medida supondría un incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el ministerio de Transportes, y “puede llegar a ser muy negativa” para el sector. De hecho, ya plantearon su preocupación en la reciente reunión mantenida con el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena.

Además, alegan que el debate surge “en el peor momento”, ya que en el primer trimestre del año se ha reducido el tráfico de contenedores import/export, “situación que no aconseja un aumento de la oferta de transporte”.

Frente a estos factores, se señala que esta medida no debería aplicarse sin establecer un calendario progresivo de implantación que permita al sector el tiempo suficiente para tomar las decisiones más adecuadas en cada caso.

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