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martes, agosto 9, 2022
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La gran distribución pide a Interior que garantice la libre circulación de mercancías

Las patronales del gran consumo encabezadas por Aecoc han solicitado formalmente al Gobierno su “colaboración urgente” para garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro, ante el recrudecimiento de la acción de los piquetes de transportistas autónomos, en el tercer día del paro indefinido convocado por la Plataforma en defensa del transporte.

En este contexto, el sector de la distribución llama a la responsabilidad de los convocantes “para no alentar los actos vandálicos que en algunos puntos se están produciendo y evitar hacer pagar a los ciudadanos los problemas que la sociedad en su conjunto ya sufre”.

Las empresas cargadoras recuerdan que el paro convocado por una organización “muy minoritaria” no cuenta con el apoyo del Comité Nacional del Transporte por Carretera ni con el de los sindicatos. Sin embargo, la actuación “cada vez más beligerante” de los piquetes, con bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos está empezando a ocasionar “importantes problemas” a las empresas del sector, como falta de suministro en fábricas, dificultad para abastecer los puntos de venta, etc.

Ante la evolución de los acontecimientos, la cadena de valor del gran consumo traslada a la sociedad su “firme compromiso” con el abastecimiento de productos esenciales, por lo que ha solicitado al Gobierno que adopte con urgencia las “medidas necesarias” para garantizar la libre circulación de mercancías.

En concreto, han pedido al ministerio del Interior la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado “para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales”.

Además, la gran distribución asegura compartir las consecuencias del actual escenario inflacionista y, por ello, ya había solicitado al Gobierno un plan especial para mitigar la escalada de costes sobre el transporte de mercancías por carretera, con medidas como las adoptadas en Francia, Italia y Portugal, que contemplan la reducción de los impuestos sobre los combustibles y otras exenciones fiscales.

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