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lunes, agosto 15, 2022
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Las demandas contra el cártel de camiones crean desconcierto y disparidad de sentencias

Las sentencias contradictorias frente a las reclamaciones contra el cártel de fabricantes de camiones se suceden en los juzgados y tribunales de toda España. Desde que a finales de 2018 se dictara la primera en un juzgado de primera instancia, se han ido conociendo un buen número de resoluciones, con resultados dispares.

En algunos casos, desfavorables a los intereses de los reclamantes, en la mayoría de los casos porque los informes periciales, que determinan el importe del daño a reclamar, no están suficientemente motivados.

Según afirma Fenadismer, “en muchos casos en que los juzgados han apoyado las demandas, las audiencias provinciales, en apelación, han cuestionado el método utilizado para la fijación de la indemnización a abonar a la empresa transportista afectada”. La federación, que impulsa una plataforma de afectados, pone como ejemplo una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Esta parte de la premisa de negar que la existencia del cártel implique un sobreprecio en la compra de los vehículos en todos los casos.

“La decisión de la CE no afirma que los acuerdos hubieran supuesto un incremento de precios netos y, en consecuencia, de ella no se sigue necesariamente que todos los camiones afectados por la decisión, y durante todo el tiempo que permaneció vigente el cártel, hubieran experimentado un sobreprecio”, exponen los magistrados. La sentencia en este caso rechaza los informes periciales aportados por las partes, que son idénticos en los procesos judiciales promovidos por los despachos de abogados que están llevando a cabo reclamaciones colectivas de miles de transportistas afectados.

Por ello, la organización advierte a los transportistas “de que huyan de triunfalismos de que hacen gala algunos despachos al hacer públicas solo sentencias favorables”, e insiste en la necesidad de ser prudentes en esta “compleja” batalla judicial. Un proceso que acabará solo cuando el Tribunal Supremo en unos años unifique los criterios a aplicar.

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