La patronal del transporte guipuzcoano Guitrans ha advertido del “grave impacto” que supone la reintroducción del peaje a camiones en la N-1 y la A-15, acordada por la Diputación de Gipuzkoa. Para la organización, el canon discrimina al transportista guipuzcoano, “que ineludiblemente tiene que utilizar de una manera constante las mismas sin que haya ningún tipo de alternativa”.
Representantes de la asociación han mantenido un encuentro el pasado viernes con responsables de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral. Para las empresas guipuzcoanas de transporte por carretera, el peaje supone una “descomunal” subida en los costes, “que en caso de no repercutirse supondría el cierre de las mismas”.
Además, se quejan de que la Diputación les ha convertido en agentes recaudadores, “adjudicándonos una función que no nos corresponde y que nos perjudica sobremanera, en un contexto de crisis económica y energética”.
La tercera norma foral de peajes, que entró en vigor el pasado 23 de enero, “no hace sino constatar esta discriminación”. Así, las empresas que hacen recorridos internos con vehículo pesado pagan entre 0,21 y 0,28 euros por kilómetro recorrido.
Entre 1.500 y 2.000 euros al mes
Ahora, un transportista que transite por la N- 1 desde el enlace de Astigarraga a Olaberria (sede de una importante empresa siderúrgica) recorriendo 40,94 kilómetros, ocho veces al día, “un caso muy habitual”, abonará entre 1.500 y 2.000 euros mensuales en función de su etiqueta medioambiental. El peaje a camiones supone un impacto en los costes mayor incluso que el de la subida del gasóleo, lo que es inasumible, si no se repercute el 100% del coste a las cargadoras”, advierten desde Guitrans.
Ambas vías son carreteras fundamentales desde el punto de vista de las conexiones con Europa, el centro peninsular y el área mediterránea a través de Navarra. Además, gran parte de la industria intensiva de Gipuzkoa se localiza en estas vías.
“Este peaje desproporcionado, que para el transporte no tiene más alternativa que ser repercutido, nos va a hacer más pobres a todos los guipuzcoanos porque va a mermar la competitividad de las empresas, que en última instancia también tendrán que repercutirlo a sus clientes finales”, concluye la patronal.
