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lunes, agosto 15, 2022
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El Tribunal Supremo avala la acción directa incluso si el cargador está en concurso

El Tribunal Supremo avala que el transportista ejercite la acción directa contra el cargador principal para el pago de sus servicios aunque el intermediario se encuentre en concurso. Introducida en la reforma de la LOTT de 2013, la acción directa es un mecanismo jurídico que permite al transportista que no cobre sus servicios del intermediario que le contrató reclamar el porte al cargador principal, aunque este ya hubiera pagado al primero.

En una sentencia a un recurso de casación interpuesto por una empresa cargadora, el alto tribunal señala que “en la acción directa del transportista efectivo, este exige y cobra su crédito del cargador principal porque resulta directamente obligado a ello (no por el contrato, sino por la ley), incluso aunque este haya extinguido su deuda con el intermediario… ya que la acción directa del porteador efectivo no implica retención alguna de ningún elemento del patrimonio del eslabón intermedio, por apoyarse en la mera existencia del crédito del porteador efectivo frente al cargador principal”.

Y concluye que “precisamente porque el intermediario es insolvente y ha sido declarado en concurso, cobra más sentido el ejercicio de la acción directa frente al cargador principal”.

La acción directa es una medida largamente reivindicada por las asociaciones de transportistas que favorece la transparencia y el control de la subcontratación en el sector. Para Fenadismer, esta figura legal “no solo tiene un efecto directo de justicia material para el transportista que ha soportado todos los gastos del transporte sino que además influye en la limitación de la subcontratación, habida cuenta de que el cargador principal y los intermediarios se cuidarán de limitar la cadena de subcontratación, evitando subcontrataciones improductivas”.

Sin embargo, esta medida no ha estado exenta en estos años de batalla legal por parte de algunas empresas cargadoras. Pese a ello, el Tribunal Supremo la ha avalado en varias ocasiones.

Con todo, la federación “no comparte ni entiende la negativa de la mayoría de las juntas arbitrales de transporte a admitir su competencia para conocer de las reclamaciones por acción directa que se les presentan, ya que ello permitiría evitar que el transportista tuviera que acudir a la vía judicial, siempre más lenta, costosa”.

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