El Gobierno ha calculado un coste, en algunos casos aún provisional, de 1.021 millones de euros por el rescate de ocho de las nueve autopistas quebradas durante la crisis financiera de 2008 y que actualmente gestiona el Estado, a través de la sociedad estatal Seittsa. La mayoría de estas se ubican en la Comunidad de Madrid.
En concreto, se trata de las radiales 3 y 5 (construidas bajo la sociedad formada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia); 4 (Ferrovial y Sacyr); M-12 (OHL); AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), y AP-36 (Ferrovial, Europistas y Budimex), así como la AP-7 (Globalvía y Ploder), en la circunvalación a Alicante y entre los municipios de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).
Los 1.000 millones de euros es el importe resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la administración se haga cargo de futuros pagos.
Los importes han sido calculados por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según la llamada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado.
Los rescates más caros son los de las carreteras situadas fuera de Madrid, como la AP-36 Ocaña-La Roda (Albacete), que asciende a 320 millones de euros. En este caso, el Estado ya pagó 411 millones en una primera resolución provisional. O el de la circunvalación de Alicante, que asciende a 308 millones. El de Cartagena-Vera asciende a otros 283 millones de euros.
En total, la factura para las arcas públicas del rescate de las nueve autopistas quebradas durante la crisis financiera de 2008 no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros.
