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lunes, septiembre 26, 2022
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El Gobierno renuncia a imponer el pago por uso en las carreteras sin consenso

El Gobierno ha renunciado a imponer el pago por el uso de las carreteras sin consenso previo. El anteproyecto de ley de movilidad sostenible aprobado por el consejo de ministros este martes evita referirse al polémico canon para financiar la red viaria, después de que el anterior ministro de Transportes José Luis Ábalos anunciara su intención de implantarlo en las carreteras españolas en 2024.

El documento se limita a facultar al Gobierno a realizar un “estudio de alternativas” para establecer un “mecanismo de financiación” que garantice los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la red de carreteras del Estado. El texto no define ni concreta ningún modelo, y además establece que el mecanismo que se plantee deberá tener en cuenta criterios de “equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental”; buscará un “amplio consenso” social y político, y se ajustará a las circunstancias económicas concurrentes.

En todo caso, desde Fenadismer valoran que el Gobierno ha cumplido con el compromiso asumido en diciembre con los transportistas de no llevar acabo una medida de este tipo sin el consenso del sector, radicamente contrario al pago por uso de las carreteras.

El ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido que el principal rechazo vendría de parte del transporte profesional, tras la experiencia vivida en Francia, en la que el gobierno de aquel país intentó hasta en cinco ocasiones establecer una tasa similar. El veto de los transportistas galos obligó a Macron a dar marcha atrás. Por otro lado, el pago por uso cuenta también con el rechazo muy mayoritario de la ciudadanía, expresado en diferentes encuestas.

Sistema Nacional de Movilidad

Según la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, las medidas contempladas en el anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible reducirán ineficiencias en el gasto en inversiones públicas por valor de unos 8.000 millones de euros en una década. Además, asegura Sáchez, se incrementará la productividad de las empresas hasta un 3,3% en el mismo periodo y tendrá efectos positivos para la unidad de mercado, la competitividad y la competencia.

La futura norma promueve una movilidad “limpia y saludable”, entendida como un derecho social, que apuesta por un sistema de transporte digital e innovador y por “invertir mejor”.
Para garantizar la cooperación y colaboración de todas las administraciones en materia de transportes y movilidad, la ley instaura el Sistema Nacional de Movilidad para facilitar la coordinación a través de distintos instrumentos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

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