El consejo de ministros ha aprobado un proyecto de ley que modifica la regulación del sector ferroviario para adaptarse al proceso de liberalización y al derecho de la UE, lo que supone otorgar a Adif la competencia para fijar los cánones ferroviarios. Hasta ahora, las tasas que el gestor de la infraestructura cobra a los operadores se aprueban cada año en la ley de Presupuestos Generales del Estado, un procedimiento que el Gobierno considera que no responde “eficientemente” a las necesidades actuales del sector.
Entre otras cosas, cree que no dispone de flexibilidad para adaptarse a posibles cambios sobrevenidos a lo largo del año y que requieran “matizaciones puntuales ágiles” de los cánones, o que el sistema pueda verse vinculado por situaciones de prórrogas presupuestarias que obligan a aplicar los cánones determinados en un ejercicio a los siguientes, sin tener en cuenta posibles evoluciones del sector.
Esta evolución y mejora recogido en el proyecto de ley ha requerido transformar la naturaleza jurídica de estos cánones, que pasan de englobarse en un concepto más tradicional de “tasas” a la figura de “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”. De esta manera, se reconoce a los administradores generales de infraestructuras la competencia para fijar sus cuantías de forma reglamentaria, respetando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Por otro lado, y siguiendo las directrices recogidas en la Directiva Recast, la norma aclara el concepto de infraestructura ferroviaria (fundamentalmente las vías y todos los elementos necesarios para que un tren pueda hacer su recorrido) y el concepto de instalación de servicio (el resto de elementos, estaciones de viajeros, terminales de carga o vías de apartado y formación de trenes).
Asimismo, la delimitación de estos conceptos ha exigido matizar la actual definición de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) que, de acuerdo con el anteproyecto de ley, pasará a estar formada por todas las infraestructuras, las estaciones de viajeros y terminales de transporte de mercancías que sean esenciales para garantizar un sistema común de transporte en todo el Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento de este sistema común.
