El Gobierno ha salido al paso de las presiones de los cargadores sobre sus proveedores de transporte para trasladar la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible a los precios que cobran por sus servicios. El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado una nota aclaratoria en la que deja claro que la medida contemplada en el real decreto-ley 6/2022 es una ayuda directa al transportista.
La fórmula para calcular la revisión del precio del transporte, recogida en el apartado 3.4 del anexo con las condiciones generales de contratación de la orden FOM/1882/2012, determina que la variable G equivale al índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la Administración entre el momento en que se contrató el transporte y aquel en que se realizó efectivamente.
El documento, que puede consultarse en la web del ministerio, precisa que la bonificación en el precio final de los combustibles “no tiene efectos directos en la variable G”, que es la que se emplea para el cálculo de la revisión del precio del transporte, cláusula que se hizo obligatoria tras el acuerdo alcanzado en diciembre.
El departamento que dirige Raquel Sánchez incluye en su web una herramienta para facilitar a las empresas transportistas la revisión de las tarifas y aplicar la fórmula establecida por la Administración. La Confederación Española de Transporte de Mercancías recuerda que “la aplicación de esta medida es obligatoria y el pacto en contrario, nulo”.
La nota ministerial pone de manifiesto que la rebaja no debe descontarse del precio del transporte, sino que es una bonificación “única y exclusiva para el transportista”, alegan desde CETM. La organización sostiene que “la mayoría de los cargadores presionan a las empresas y autónomos para que realicen esa reducción en sus tarifas y ser ellos los que se aprovechen de la ayuda”.
También desde Fenadismer remarcan que la ley del contrato de transporte, modificada por el decreto-ley de marzo, establece la obligatoriedad de revisar el precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo desde que se contrató el servicio hasta que se prestó. Y toma como referencia el índice de variación del precio medio del gasóleo hecho público por la Administración, que no tiene en cuenta la bonificación de 20 céntimos.
De cara a la posible prórroga en julio, la federación de transportistas solicitará que sea la Agencia Tributaria quien gestione la ayuda mediante un sistema de devolución mensual en función de los litros consumidos en el mes anterior. Así, se evitaría que los 20 céntimos fueran absorbidos por las petroleras, “como así se ha evidenciado desde su aplicación, al constatarse que en muchos casos se ha elevado artificialmente el precio de venta”, señala la organización.
