Catalunya coincide con la Unión Europea en la necesidad de poner orden en la distribución urbana de mercancías asociada a la última milla del comercio online. Esta es una de las conclusiones del estudio impulsado por la dirección general de Comerç de la Generalitat y elaborado por la cátedra de Retail de la Universidad Pompeu Fabra (UPF-BSM).
El informe se enmarca en el proceso de elaboración, por parte del Govern, del anteproyecto de ley para regular determinados aspectos del comercio online, sobre todo los vinculados a los perjuicios que este provoca en el entorno donde se desarrolla.
El estudio examina la cadena de distribución, la logística asociada al comercio electrónico, las posibilidades que ofrece el servicio de click&collect, el tráfico fronterizo de los productos, o la realidad de las dark stores y su impacto en el territorio.
Sin embargo, estos ámbitos de análisis se complementan con la investigación de aspectos como la fiscalidad asociada a las ventas online, los sistemas de pago, las ventas D2C, la gobernanza de las comunidades virtuales o la generación de algoritmos.
Visión 360° y buenas prácticas
Sus autores analizan, con una visión 360°, cómo se ha abordado la problemática de la logística más cercana al consumidor en entornos como el francés, el alemán, el austríaco el belga, el holandés o el italiano, y se recogen algunas de sus buenas prácticas.
Es el caso de la experiencia llevada a cabo en el barrio de La Défense de París, donde se ha readaptado un parking subterráneo para operar como centro logístico en plena trama urbana, desde el que se distribuyen los productos en bicicleta. O las de Bayona o Nantes, donde han introducido restricciones en la entrada de vehículos no sostenibles; o la de Trento, que tiene en funcionamiento un servicio de entregas colectivizado.
La Generalitat de Catalunya ultima una ley para regular la última milla del comercio electrónico, propósito anunciado ya por el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, el pasado mes de marzo. Así se recoge en el Plan de Acción de Comercio, Artesanía y Moda (2022-2025).
Esta norma, que cuenta ya con una memoria preliminar, pretende ser la herramienta jurídica clave para garantizar que la competitividad de las empresas y su aprovechamiento de nuevos canales de venta no comporte externalidades negativas. El objetivo es evitar una movilidad innecesaria de vehículos o generar unas emisiones contaminantes elevadas.