El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido empezar a cobrar la tasa Amazon en marzo de 2023, un impuesto al reparto urbano de mercancías a domicilio vía ecommerce, que ha ganado fuerza durante la pandemia. Aunque ha pasado a ser conocida como tasa Amazon, en realidad el nuevo tributo de Barcelona se dirige a las grandes operadoras postales de ecommerce que desarrollan una actividad masiva en la capital catalana, como DHL, UPS, Seur, MRW, Correos Express y, por supuesto, Amazon.
La filosofía de la nueva tasa es clara: el trasiego de furgonetas y camiones de reparto del ecommerce tiene un impacto en el día a día, así que el ayuntamiento quiere que la ciudad se vea resarcida de alguna manera. ¿Cómo? Vía impuestos.
Por eso, la propuesta establece que solo estarán sujetas las empresas con unos ingresos brutos de más de un millón de euros obtenidos por entregas en los destinos finales indicados por los barceloneses. Además, el importe que tendrán que abonar el conjunto de operadoras no podrá superar los 2,6 millones de euros, límite fijado para el aprovechamiento de la actividad.
La tasa también se aplicará en caso de que alguna empresa subcontrate la actividad a otras empresas o autónomos, pero la ordenanza dispone que lo tendrá que pagar el operador postal. En el caso de grupos de empresas, lo pagará la que tenga más facturación anual.
La nueva tasa, pionera en España, regulará el uso del espacio público que hacen las grandes operadoras de ecommerce
Con la medida se fiscaliza el uso especial del espacio público. Según el teniente de alcalde, Jaume Collboni, se trata de una “medida pionera, que servirá para ayudar al comercio de proximidad”. La medida parte de salida con el apoyo del gobierno de coalición de En Comú Podem, de la alcaldesa Ada Colau, y el PSC, al que se ha sumado ERC.
Actividades exentas de tributación
La regulación establece excepciones. En primer lugar, los servicios de transporte de mercancías que no intervengan en el mercado como operadores postales; el reparto realizado en fase minorista (entre empreses); el que no utiliza ningún vehículo, o el que se mueve entre puntos de recogida, regulados por el ayuntamiento.
Es la primera vez en España que una ciudad propone una regulación destinada a las grandes operadoras postales. La iniciativa se pondrá en marcha en la comisión de Economía y Hacienda de diciembre y, si supera el trámite, se votará en el pleno de febrero de 2023.
