La principal patronal de la estiba ha cursado ante el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un total de cinco alegaciones al anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y de la ley de Navegación Marítima. El documento incorpora una serie de adaptaciones al Libro Primero regulador del sistema portuario estatal, que afectan directamente a los intereses y operativa de las terminales dedicadas al servicio portuario de manipulación de mercancías.
En este sentido, Anesco urge al ministerio a llevar a cabo una revisión global del Libro Primero, para contribuir a un “uso más eficiente de los puertos, el incremento de la competitividad y la mejora de la calidad medioambiental y de emisiones”.
En relación al texto, la asociación con mayor representatividad en los puertos señala un total de cinco “propuestas de mejora”. En primer lugar, dotar de “mayor flexibilidad” a la fecha de inicio del cómputo de los plazos concesionales y de su suspensión, así como aplicar métodos alternativos para el cálculo de la base imponible en relación a la valoración de los terrenos, infraestructuras, superestructuras e instalaciones, el cálculo de la depreciación y la vida útil, ante la disconformidad con las propuestas en el anteproyecto.
También reclaman la bonificación prevista por la realización de muelles, pantalanes, duques de alba, otras obras de atraque, amarre y dragados, así como la aclaración de que aquellas bonificaciones que tengan su origen en actuaciones acometidas por el concesionario con posterioridad al otorgamiento podrán mantenerse durante el periodo de prórroga.
Por otro lado, aboga por eliminar la discrecionalidad de las autoridades portuarias respecto a la revisión de la tasa de actividad en caso de modificación sustancial de la concesión, y que todo ajuste de gravamen responda a razones objetivas motivadas “y no a meros criterios discrecionales o de oportunidad”.
Finalmente, piden que se aclare en la normativa que, en aquellas concesiones otorgadas a perpetuidad, por tiempo indefinido o por plazo superior a 35 años a contar desde la ley 27/1992, se podrá́ optar a prorrogar su plazo concesional.
La organización considera que, además de estas reformas “puntuales”, es necesaria una revisión “global” del Libro Primero del texto refundido de la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Anesco considera que han transcurrido dos décadas desde la última reforma del régimen jurídico aplicable a los puertos, y por ello espera que estas propuestas sean recogidas en la modificación que elabora el Gobierno.
