Grupo Alonso ha recurrido la decisión de la Autoridad Portuaria de València de excluirlo “de manera sorpresiva” del concurso para la concesión de la nueva terminal pública polivalente del puerto de Sagunt. La mayor concesión administrativa del recinto saguntino para el movimiento de mercancías se ubica en el muelle centro 2.
A través de su filial Intersagunto Terminales (IST), el grupo considera que el acuerdo adoptado por la mesa de calificación es “arbitrario e ilegítimo”, y afirma haber sido “indebidamente excluido del concurso” al infringirse los principios de igualdad de trato y no discriminación. “Es ostensible la preferencia que se dispensa a la UTE licitadora”, que queda como única candidata en el concurso tras la exclusión de IST, señala.
Alonso lamenta que la decisión de la autoridad portuaria que preside Aurelio Martínez deja a IST “sin opción a competir en igualdad de condiciones” por la nueva terminal de Sagunt. En consecuencia, solicita “retroceder en el procedimiento al momento anterior de la exclusión y valorar a los licitadores con arreglo a los criterios establecidos en el pliego de bases”.
Además, el grupo recuerda que su capital es 100% valenciano y que el hecho de excluirlo del concurso público daría la concesión a la alianza de Noatum Terminals (empresa de capital emiratí), Inversiones Algeposa y Boluda Lines, naviera que forma parte del consejo de administración del puerto.
En este escenario, Intersagunto entiende que el acuerdo “atenta contra la libre competencia”, al mismo tiempo que se excluye a la terminal con una gestión de recursos humanos “más alineada con la normativa europea” del arco mediterráneo español.
Hasta un 70% más de inversión
En su recurso de alzada argumenta que la APV rechaza también las mejores expectativas económicas planteadas. En concreto, el volumen de inversión de IST es un 70% superior (34,9 millones de euros para los cinco primeros años) y su propuesta incrementa en 19,1 millones de euros las tasas de la propuesta de la UTE.
Finalmente, anuncia que acudirá “a todas las instancias españolas y europeas por vía administrativa y penal” con el fin de paralizar esta decisión.
