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lunes, agosto 15, 2022
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Aecoc alerta de “graves consecuencias” económicas si se regula el transporte

La gran distribución ha alertado este martes de las “graves consecuencias” que tendrá para la economía la próxima aprobación del real decreto ley del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para regular el transporte por carretera, prevista para este mes de febrero.

La organización ha trasladado al ministerio su preocupación ante las medidas previstas y ha solicitado un encuentro con la ministra Raquel Sánchez para tratar el “verdadero impacto” de la normativa sobre las empresas usuarias del transporte.

Según argumenta Aecoc en un comunicado, la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga de los vehículos de más de 3,5 toneladas ocasionará “graves problemas para las empresas contratantes del servicio, especialmente las pymes, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía”.

La patronal del gran consumo ha calificado de “grave error” que no se admita que esta cuestión forme parte de los acuerdos de negociación entre las partes. “Las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada caso”, alega la entidad.

En caso de que sea el conductor quien realice estas tareas, “este hecho debe estar debidamente reflejado en el contrato, pagado a parte y realizado con las máximas garantías de seguridad, prevención de posibles riesgos laborales y comodidad para el conductor”, señala.

Cláusula de revisión del precio del gasóleo

En cuanto a la revisión del precio del combustible, Aecoc asegura que actualmente ya se contempla la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, permitiendo el libre acuerdo entre las partes. “El real decreto elimina, también en este caso, la posibilidad de acuerdos bilaterales entre las partes”, lo que implica que todas las empresas con contratos de transporte han de renovar las condiciones económicas de acuerdo a las fórmulas fijadas por la administración en las condiciones generales de contratación.

La asociación de cargadores se muestra de acuerdo en que las partes tengan en cuenta las variaciones del precio del combustible. No obstante, entiende que “no debería ser obligatorio aplicar las fórmulas de la administración y que se debería dejar la puerta abierta a la libertad de pacto”. En este sentido, añade que las fórmulas planteadas no tienen en cuenta parámetros relevantes para el peso del combustible como, por ejemplo, la distancia recorrida.

Por último, Aecoc destaca que las empresas usuarias están “totalmente comprometidas” con un transporte “moderno, eficiente y sostenible”, que garantice condiciones laborales óptimas, pero también considera que “las medidas propuestas no contribuyen a este objetivo y no resuelven algunos de los problemas que desde hace años acusa el sector”.

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